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Barbón invita a los grupos parlamentarios a unirse en la defensa de un sistema de financiación que garantice la equidad y tenga en cuenta el declive demográfico

El presidente y la consejera de Hacienda lideran la primera reunión con las fuerzas políticas para intentar consensuar un planteamiento que responda a los intereses de Asturias. El gobierno advierte que la pérdida de población no puede suponer una merma de recursos y reclama que el modelo considere el porcentaje de habitantes con más de 65 años

Un momento del acto

15/10/2019

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha invitado hoy a todos los grupos parlamentarios de la Junta General a unirse en la defensa de un sistema de financiación autonómica que asegure la equidad en la prestación de servicios públicos en todo el Estado. El jefe del Gobierno también ha reclamado que el nuevo modelo tenga en cuenta el impacto del declive demográfico, de modo que la pérdida de población no conlleve una merma de recursos.

Barbón y Ana Cárcaba, consejera de Hacienda, han liderado la primera reunión del Gobierno de Asturias con las fuerzas parlamentarias. El objetivo del encuentro -uno de los compromisos anunciados por el presidente al inicio de su mandato- es acordar un planteamiento común ante la próxima revisión del actual modelo. La reforma, pospuesta en sucesivas ocasiones, está pendiente desde 2015.

El Ejecutivo ha aportado un documento que sintetiza sus criterios esenciales. Entre ellos, que la negociación se aborde de forma multilateral –es decir, con la participación en pie de igualdad de todas las comunidades- y busque el máximo consenso. El resultado final debe garantizar un nivel equivalente de servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales) a toda la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia. Con este planteamiento, el Principado aboga por reforzar la solidaridad y la cohesión interterritorial.

Para alcanzar estos fines, el Gobierno de Asturias considera que la financiación debe fijarse en función del coste real de la prestación de los servicios, y no únicamente del número de habitantes o la recaudación tributaria imputada a cada territorio, como sostienen otras comunidades. Para estimar ese coste hay que considerar factores como el envejecimiento de la población, segregando en mayor medida el porcentaje que supere los 65 años; el encarecimiento que suponen las dificultades orográficas y la dispersión de la población y, además, la repercusión del declive demográfico. Esta es una de las principales novedades en el planteamiento del Gobierno del Principado: puesto que la baja natalidad y el despoblamiento requieren un tratamiento específico, la pérdida de habitantes no debe aparejar una merma de recursos.

Otros criterios básicos para el Principado son los siguientes:

  • El modelo debe basarse en las necesidades de gasto, no en la capacidad fiscal de cada territorio. Tampoco cabe aplicar el denominado principio de ordinalidad: el sistema no ha de proporcionar mayores recursos a determinadas comunidades simplemente por tener mayor recaudación tributaria. De lo contrario, algunas resultarían privilegiadas.
  • Es imprescindible dotar al sistema de mayores recursos para corregir los déficits de financiación generados durante la vigencia del actual modelo. La realidad es que no existen territorios sobrefinanciados. Al tiempo, es necesario garantizar el principio de suficiencia, de modo que las comunidades dispongan de los recursos precisos para financiar los servicios de su competencia tanto el presente como en el futuro.
  • El sistema debe responder a un criterio de nivelación total. El Gobierno de Asturias rechaza que el modelo asegure únicamente determinados servicios mientras permite que en la prestación de otros, también importantes, haya diferencias entre territorios.
  • La reforma ha de acompañarse de una revisión del sistema tributario que incluya una armonización de mínimos que acote la competencia entre comunidades. En todo caso, las rebajas indiscriminadas de impuestos deben tener impacto sobre los ingresos autonómicos. E, igualmente, ha de redefinirse la recaudación normativa de los tributos cedidos, para que a cada territorio se le imputen los recursos que le correspondan, sin que se sobreestimen los ingresos autonómicos.

Tanto el presidente del Principado como la consejera de Hacienda han reiterado su voluntad de alcanzar un acuerdo político amplio que redunde en beneficio de los intereses de Asturias. Ambos han resaltado la importancia que tiene el sistema de financiación para asegurar la calidad de la sanidad, la educación y los servicios sociales, bases del Estado de bienestar.

El Gobierno de Asturias mantendrá, además, la política de alianzas con otras comunidades desarrollada durante la pasada legislatura para plantear criterios comunes ante la reforma del sistema.

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