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El consejero de Presidencia apela a una mayor cercanía de las instituciones con los ciudadanos para superar la crisis de confianza en la Unión Europea

Guillermo Martínez participa en una mesa redonda enmarcada en la Conferencia Fomento de la Ciudadanía de la UE, que reúne en Oviedo a numerosos expertos en asuntos comunitarios. El portavoz del Ejecutivo autonómico defiende un modelo de democracia participativa y de gobernanza multinivel

De izquierda a derecha, el director general adjunto de la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Unión Europea, Francisco Fonseca, y el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez

23/09/2016

El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana del Principado, Guillermo Martínez, ha apelado hoy a una mayor cercanía de las instituciones europeas con los ciudadanos para revertir las estadísticas del Eurobarómetro, que reflejan que solo el 32% confía en la UE. Martínez ha expresado su preocupación ante los altos niveles de erosión del modelo europeo en la mesa redonda de la Conferencia Fomento de la Ciudadanía de la UE: Derechos, valores y participación, en la que participan decenas de expertos de los 28 países que conforman el proyecto europeo.

El coloquio también ha contado con la participación de Marie-Hélène Boulanger, jefa de la Unidad de Derechos de la Ciudadanía Europea y Libre Circulación de la Dirección de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea; Josef Nejedly, técnico de la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo; el profesor Maarten P. Vink, codirector del Centro para la Ciudadanía, Migraciones y Desarrollo de la Universidad de Maastricht; y Olgierd Geblewicz, vicepresidente primero de la Comisión de Ciudadanía, Gobernanza, Asuntos Institucionales y Exteriores (Comisión Civex).

Esta jornada de trabajo se produce un día después de la sesión, celebrada también en Oviedo, de la Comisión Civex del Comité de las Regiones (CDR) en la que se abordaron asuntos de gran relevancia como la política migratoria y la reforma del sistema de asilo.

Ambos encuentros han convertido al Principado de Asturias durante dos jornadas en centro del debate sobre los derechos y la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, al reunir a algunos de los mayores especialistas europeos en la materia.

 

Una mayor capacidad de influencia de los ciudadanos

Guillermo Martínez ha subrayado la necesidad de dar un impulso a un modelo de democracia participativa y de gobernanza multinivel, para que los europeos tengan capacidad de influencia en la agenda y el calendario legislativo. No obstante, esa es, precisamente, una de las grandes apuestas estratégicas de la UE, tal y como ha indicado.

A su juicio, la reciente decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea y la creciente desafección de la ciudadanía respecto a las instituciones comunitarias constituyen dos grandes desafíos.

Frente a las voces de los euroescépticos, ha insistido en la importancia de mejorar el conocimiento que existe sobre la UE, dado que las encuestas reflejan que cerca de seis de cada diez personas desconocen sus derechos como miembros de la unión, a pesar de que la Comisión Europea ha hecho grandes esfuerzos divulgativos para comunicar las principales reformas y modificaciones legislativas en asuntos que han contribuido a mejorar las condiciones de la vida de millones de personas.

 

Iniciativas ciudadanas y transparencia

Por otra parte, el Comité de las Regiones (CDR), según ha recordado el portavoz del Ejecutivo asturiano, ha reflexionado en profundidad sobre la Iniciativa Ciudadana Europea con aportaciones para que la capacidad de influencia de la ciudadanía en las decisiones de las instituciones sea considerada un derecho.

Dentro de este objetivo, ha indicado, las administraciones locales y regionales también se han de esforzar en profundizar en los instrumentos de transparencia y participación impulsando herramientas de democracia directa, sin olvidar su papel en la difusión y visibilidad de las ventajas y avances de la pertenencia a la Unión Europea.

En ese sentido, ha puesto el ejemplo del Gobierno de Asturias, que defiende la rendición de cuentas, como refleja su proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Se trata, ha dicho, de una norma que supera ampliamente el marco estatal y que al mismo tiempo establece mecanismos de prevención y sancionadores frente a comportamientos alejados de la ejemplaridad requerida a los gestores públicos.

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