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Intervención del consejero de presidencia y participación ciudadana

Presentación del proyecto de presupuestos para 2019 en la Comisión de Hacienda y Sector Público de la Junta General del Principado de Asturias

03/12/2018

Comparezco ante esta Comisión de Hacienda y Sector Público para exponer el Proyecto de Presupuestos para 2019 de la Presidencia y la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, así como los estados de ejecución de 2018 y 2017.

Inicio así la ronda de exposiciones del Gobierno del Principado en torno al último Proyecto de Ley de Presupuestos de esta décima legislatura, que asciende a 4.524 millones de euros.

Es el presupuesto más elevado del período, un 9,8% superior respecto al proyecto para 2016; y nuevamente concentra en la inversión social el mayor peso económico, sin renunciar a otras prioridades esenciales de nuestra agenda política como el empleo y la investigación, las mejoras en infraestructuras o el desarrollo rural.

El inicio de las obras de reforma del Hospital de Cabueñes; nuevos centros de salud e infraestructuras educativas; la ampliación de la etapa 0-3 que alcanza los 16,2 millones como crédito ampliable; 781 nuevas plazas de profesorado; 124 millones para el salario social; la creación de 157 plazas en residencias y centros de día; la reducción del 25% en las tasas universitarias; la finalización de los accesos al HUCA y al Parque Empresarial del Principado de Asturias en Avilés; 10,5 millones para la incorporación de jóvenes al campo y la modernización de explotaciones ganaderas; son sólo algunas de las actuaciones destacables de estas cuentas que abren muchas oportunidades de crecimiento económico y social para nuestra comunidad autónoma.

Nos precede una prórroga presupuestaria, con todas las implicaciones que conlleva y que de sobra conocen: detrae recursos, ralentiza procedimientos; no voy a incidir en ella ni tampoco en sus efectos, pero si hago esta apelación es precisamente, para poner en valor, las ventajas que emergen para Asturias cuando trascienden los acuerdos.

Este presupuesto es por tanto, una vez más, una llamada abierta al diálogo y al consenso, a aminorar las diferencias, nunca hemos tenido reparo en ello, y a lo largo de estos años, en otros escenarios, lo hemos hecho posible.

Lo he reiterado en anteriores comparecencias, facilitar la aprobación del presupuesto es bueno para Asturias, lo ha sido siempre.

Ya en la novena legislatura, ante un complejo escenario socioeconómico, acometimos una importante contención en el gasto corriente para salvaguardar el sostenimiento de los servicios públicos y aspirar a los mejores estándares de calidad en ellos, para generar creación de empleo, para evitar situaciones de vulnerabilidad y desarraigo en nuestra ciudadanía. Siempre hemos realizado un ejercicio riguroso en la elaboración de las cuentas, sensibles a las necesidades de los asturianos y asturianas, pensando en ellos y en ellas.

Hemos apostado por la normalidad como regla y no como excepción, y defendido el presupuesto como la herramienta institucional más valiosa para afrontar las claves de futuro de nuestra región.

No siempre hemos encontrado respuestas a nuestra voluntad de cooperación y negociación, pero tampoco nunca hemos renunciado a ellas.

A partir de hoy tendrán la oportunidad de practicar un ejercicio responsable sobre las propuestas del Gobierno, podrán profundizar en el debate sobre los objetivos de la composición numérica de cada consejería; confiamos que no acudan a esta cámara con eslóganes preconcebidos que sólo entorpecerían el enriquecimiento de un diálogo presupuestario que siempre está llamado al acuerdo.

Por supuesto expresar nuestro máximo agradecimiento a quienes de antemano ya han trabajado y mostrado su compromiso por un escenario favorable a la aprobación de este proyecto de presupuestos.

A continuación paso ya a exponerles el presupuesto de mi área de competencia y de la Presidencia.

La Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana presenta para 2019 un presupuesto que movilizará más de 140,6 millones de euros, un 9,3% superior a las cuentas de 2017.

11,7 millones más que en líneas generales traen causa de su incremento en la asignación de recursos para la convocatoria de las elecciones autonómicas, en la aplicación de los fondos del Pacto de Estado de Violencia de Género, en los refuerzos de personal y ampliación de plantilla en el ámbito de la justicia, y en un importante número de iniciativas que les iré relacionando seguidamente.

Señorías, sin duda los medios materiales y humanos destinados a la Administración de Justicia, absorben buena parte del presupuesto de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. Con un incremento del 11% respecto al ejercicio 2017, el proyecto de 2019 nos permitirá consignar el segundo tramo de la subida salarial acordada en octubre del pasado año; ratificar importantes mejoras de personal, entre ellas las destinadas a violencia de género; culminar la implantación del expediente digital, e invertir en infraestructuras judiciales y otros elementos esenciales en el desarrollo de las políticas de justicia.

Así, en este ejercicio, con una cuantía de 463.000 euros garantizamos la aplicación de la segunda fase del acuerdo alcanzado con los representantes de los trabajadores y trabajadoras. Un compromiso por el que más de 1.300 funcionarios de los Cuerpos de Gestión y Tramitación Procesal, Auxilio Judicial y Médicos Forenses, así como los destinados en los Juzgados con competencias en violencia sobre la mujer, incrementaban sus retribuciones en un período de 3 años hasta 2020, con un coste total de 2.908.832 euros, de los que un 88% se ejecutarían en 2019.

Dentro del capítulo uno, en cumplimiento de la hoja de ruta del Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres y también del Pacto de Estado, la prioridad que el Gobierno del Principado confiere a las políticas dirigidas a mejorar la asistencia integral de las mujeres víctimas de violencia de género tiene su impacto presupuestario a través de importantes novedades.

En primer lugar el incremento de la plantilla del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Gijón. Si el Consejo de Gobierno autorizaba un gasto el pasado mes de junio de 29.200 euros destinado a la incorporación a partir del 1 de julio de dos personas interinas, desde el 1 de enero, con una cuantía de 68.811,80 euros, este órgano especializado contará con 1 gestor y 1 tramitador más, igualando así la dotación de personal al de Oviedo.

En segundo lugar, las Unidades de Valoración Forense Integral especializadas en violencia de género. Su entrada en funcionamiento ya en este mes de diciembre introducirá mejoras sustanciales en los sistemas de respuesta y apoyo a las mujeres víctimas y a los menores a su cargo, entre ellas, la unificación de los criterios de valoración y diagnóstico en periciales por situaciones de maltrato, acoso y agresiones. Ubicadas en las dependencias del Instituto de Medicina Legal de Oviedo y de Gijón, contarán en el próximo ejercicio con el refuerzo de 1 psicólogo o psicóloga y 1 trabajador o trabajadora social adicionales, mediante una dotación de 81.222 euros.

En otro orden de mejoras en materia de personal, ampliamos la cobertura territorial de las Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, con una nueva delegación en la sede judicial de Avilés, que incluirá la incorporación de una plaza de Psicólogo y un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal con un coste anual de 79.477 euros.

Igualmente cabe destacar el incremento de 254.324,75 euros correspondiente a la plantilla del nuevo Juzgado de 1ª Instancia número 12 de Gijón, que iniciará su actividad en el mes de enero, compuesta por 8 puestos de trabajo de gestión, tramitación y auxilio judicial.

En la partida destinada al personal interino de refuerzo con una proyección presupuestaria de 446.310 euros, se mantiene la prórroga de los 9 funcionarios destinados en los Decanatos con objeto de atender la presentación electrónica de escritos ante los órganos judiciales y de los 6 funcionarios de refuerzo para el Juzgado especializado en cláusulas suelo. Cabe recordar que el Consejo General del Poder Judicial le otorgó el pasado mes de mayo el Premio Calidad de la Justicia en su modalidad de Justicia más eficaz al ser el órgano judicial más ágil y con más sentencias dictadas de España; según los últimos datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, en apenas doce meses este juzgado registró el ingreso de 4.800 asuntos y resolvió cerca de 2.700, lo que supone una tasa de resolución media del 55,7%, muy superior al 14,3% del conjunto de la Administración de Justicia en España. Continúan, asimismo, las ampliaciones de jornada de este Juzgado, así como de otros 3 partidos judiciales más con un importe de 52.221,96 euros.

Finalmente, señalar también la creación de un nuevo equipo psicosocial que estará en funcionamiento ya en este mes diciembre por importe de 74.500 euros.

En suma, la partida destinada a gastos de personal aumenta en un 13,14% respecto del presupuesto de 2017, más de 5 millones de euros destinados a ampliar y mejorar la dotación del personal de la Administración de Justicia.

Señorías, otro de los grandes ejes de actuación en materia de justicia es el relativo al proceso de modernización tecnológica, que en este ejercicio 2018 ha supuesto una inversión de 2.191.700 euros. En este marco, el pasado 5 de junio se firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Justicia para la completa implantación de la justicia digital en todos los órganos judiciales y fiscales del Principado de Asturias. En virtud de ese convenio, el Ministerio de Justicia debe proveer al Principado de los servicios de justicia digital, fiscalía digital y sede judicial electrónica.

Tras la nueva composición del Gobierno de España, en el mes de septiembre mantuvimos una reunión con el Secretario de Estado y el Secretario General de la Administración de Justicia, constatando el compromiso del nuevo equipo para culminar la hoja de ruta diseñada. Así, ya durante este mes se iniciarán los trabajos necesarios para poner en funcionamiento la Sede Judicial Electrónica, que permitirá a la ciudadanía consultar los estados de sus expedientes judiciales, así como acceder a servicios de verificación de códigos de documentos judiciales electrónicos, entre otros servicios.

Por su parte, la migración al sistema Windows 7 a la que se destinaron 119.060 euros en el año en curso alcanza ya los 770 equipos, garantizando así el calendario previsto. 1.537.449 euros es la inversión global ejecutada desde 2015 por el Gobierno del Principado para la implantación del expediente digital.

De este modo, los primeros órganos judiciales que funcionarán íntegramente con el expediente electrónico, serán los cuatro juzgados de la sede de Mieres, que como recordarán formaron parte ya de un proyecto piloto. En el mes de enero, todo el personal de esta sede recibirá la formación necesaria y contará con apoyo técnico durante los primeros días de su puesta en funcionamiento.

A continuación se acometerá la implantación por el resto de los partidos judiciales, para lo que se contempla un contrato de formación y asistencia técnica en los órganos judiciales y fiscales por un importe de 120.000 euros.

En este mismo capítulo de gasto corriente mencionar el incremento en 150.000 euros destinados al Plan de Archivos Judiciales para el próximo ejercicio, una vez que ya se ha puesto en marcha la Junta de Expurgo de Documentos Judiciales, y que la publicación del decreto por el que se crea el Archivo Judicial Territorial del Principado de Asturias, se llevará a cabo en los próximos días.

Destacar también el contrato del servicio de lectura fácil de sentencias judiciales para personas con discapacidad intelectual, que en enero de este año recibió un galardón de Zero Project, una iniciativa de una fundación austriaca dirigida a los derechos de las personas con discapacidad a nivel mundial. En el año 2017 se inició una experiencia piloto en los juzgados de familia de Oviedo, y en 2019 se ampliará a todos los juzgados de familia de Asturias.

Continuando con el capítulo 4, una de las principales novedades está nuevamente vinculada a la violencia de género, con un incremento de 200.000 euros en la partida destinada a la asistencia jurídica gratuita, que permitirá mejorar el turno específico con una mayor dotación de letrados y letradas y profundizar en la formación especializada.

En lo relativo a las infraestructuras judiciales, el Gobierno del Principado de Asturias da continuidad al objetivo de renovar y consolidar un parque inmobiliario de uso judicial moderno, racional, homogéneo y adaptado a las peculiaridades de cada partido judicial. Para ello contemplamos una partida de 100.000 euros con la que se dotará de equipamiento completo al Juzgado de Luarca, una vez finalicen las obras de construcción y se continuará con la renovación del mobiliario del resto de órganos judiciales y fiscales.

Fuera de nuestros créditos presupuestarios, destacar la consignación de 808.000 euros para las obras de la nueva sede judicial de Valdés (Luarca), iniciadas en junio de este año, tras haberse adjudicado en un millón doscientos mil euros y que cuentan con un plazo de ejecución de 15 meses.

Igualmente, durante 2019 se llevarán a cabo obras de mejora de la eficiencia energética y de reubicación de espacios en los dos edificios sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, por un importe de 800.000 euros.

En otro escenario, el relativo a los desahucios, el pasado 15 de marzo de 2018 se suscribió un Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Asturiana de Concejos sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social. Una herramienta de coordinación que pretende detectar y atender los casos de mayor necesidad que no sean conocidos por los servicios sociales municipales o autonómicos, y que incorpora formación para el turno de oficio. A ella en 2019, se añade una nueva línea de colaboración por importe de 99.000 euros con el Colegio Oficial de Trabajo Social del Principado de Asturias, dirigida a la atención a las personas afectadas por desahucios judiciales, que permitirá profundizar en la especialización de la atención en los casos de especial vulnerabilidad.

Especial relevancia adquieren también las políticas de memoria histórica, cuyas líneas de actuación tienen encaje presupuestario en los capítulos 2 y 4 por un importe total de 75.000 euros.

En 2018 hemos culminado actuaciones importantes como el catálogo de vestigios relativos a la guerra civil y la dictadura franquista que incluye información relativa a 37 municipios, en los que se han identificado más de 250 símbolos y que convierte a Asturias en la tercera comunidad autónoma, después del País Vasco y Cataluña, en disponer de un catálogo de estas características.

En este ejercicio también se ha actualizado el mapa de fosas comunes y la base de datos de las víctimas de la guerra civil y la dictadura, y nos hemos comprometido a elaborar un catálogo de lugares de la memoria histórica. Los trabajos de investigación que ya hemos iniciado nos han permitido identificar por el momento nueve emplazamientos, entre los que destacan las celdas de los juzgados de Cangas del Narcea, que conservan grafitis realizados por presos; la playa de La Franca; el puente que une Panes y Siejo, construido por prisioneros republicados, y los antiguos aeródromos de Carreño y Colunga.

En 2019 sumaremos a estos trabajos nuevas actuaciones. Por un lado, mediante la creación de una nueva línea de financiación para promover la realización de producciones audiovisuales sobre la recuperación de la memoria histórica y por otro, ampliando e incrementando la convocatoria pública de subvenciones a nuevos proyectos objeto de financiación , entre ellos: actuaciones de conmemoración o de homenaje a personas y acontecimientos relevantes, y proyectos de identificación y señalización de lugares e itinerarios de memoria histórica.

La ejecución total del programa 141B a 31 de diciembre de 2017 fue del 98,66% y a 22 de noviembre de 2018 del 82,51 %.

Justicia del Menor. La dotación de los recursos, programas y actuaciones relacionados con esta materia alcanza en 2019, 7.018.493 euros, el presupuesto más elevado desde 2015.

Con una ratio de 2,4 educadores por cada interno, consolidamos el compromiso en la mejora de los estándares del Centro de Responsabilidad de Menores Casa Juvenil de Sograndio a través de los programas de formación multidisciplinar que se imparten a los residentes con el objetivo de alcanzar su inserción social, educativa y laboral.

La coordinación a través de la comisión para la prevención de riesgos psicosociales y la constitución el pasado mes de octubre de la comisión asesora del centro constituyen también dos herramientas importantes de colaboración para el seguimiento del proyecto educativo del centro y para avanzar en la especialización de la atención directa a menores infractores.

En este marco, uno de los ejes de actuación clave es el destinado a la ejecución de las medidas judiciales y extrajudiciales que en los últimos tres años ha supuesto una inversión de más de 1 millones de euros. En 2018 participaron un total de 349 menores, programándose 573 intervenciones, el 34,9% de ellas, tareas socioeducativas, seguidas de libertad vigilada y prestaciones en beneficio de la comunidad.

Las medidas judiciales de convivencia en grupo educativo, dirigidas fundamentalmente a jóvenes que hayan protagonizado casos de violencia hacia sus familiares constituyen otra de las líneas de actuación consolidadas. Desde su puesta en marcha en 2015, se han invertido más de 600.000 euros en este recurso específico que tiene como objetivo enseñar a los menores a convivir sin violencia a través de terapias individualizadas, familiares y grupales. El aumento exponencial del número de menores implicados en casos de violencia filioparental, ha propiciado que se dupliquen las plazas en el período 2018 – 2019 con una inversión cercana a los 400.000 euros, de los cuales 194.922 se corresponden con la dotación para el próximo ejercicio.

La ejecución total del programa 142M a 31 de diciembre de 2017 fue del 97,57% y a 22 de noviembre de 2018 del 87,98 %.

Señorías, el pasado 14 de septiembre, se aprobaba la Ley del Principado de Asturias de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, una norma que supera ampliamente las exigencias estatales de publicidad activa, refuerza las herramientas y mecanismos de control para luchar contra la corrupción y es la única que incluye la posibilidad de aceptar denuncias anónimas, siempre que la normativa estatal que se está tramitando lo respalde.

La entrada en vigor de este texto, que profundiza en el compromiso con la transparencia que ha mantenido el Gobierno de Asturias en las dos últimas legislaturas, supone una proyección presupuestaria para 2019 de 369.975 euros, destinada íntegramente a la puesta en marcha del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en dos capítulos de gasto diferenciados: 289.975 euros en concepto de personal y 80.000 euros de gasto corriente para su funcionamiento.

En el marco de esta Ley, como ya anuncié en sede parlamentaria, estamos trabajando en la creación del registro de los grupos de interés cuyo trámite de consulta pública previa finalizó el pasado 30 de octubre. Con la regulación de su organización y funcionamiento mediante decreto, seremos la cuarta comunidad autónoma que dispondrá de un registro de estas características.

Asimismo, avanzamos en el cumplimiento de otros extremos de la ley como la constitución, el pasado mes de noviembre, de las unidades de transparencia adscritas a las Secretarías Generales Técnicas de las distintas consejerías. También se está diseñando una comunidad de prácticas en colaboración con el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada para realizar el seguimiento de aplicación de la Ley, elaborando protocolos de aplicación para los procedimientos genéricos, listados de resolución de dudas más frecuentes y otros documentos a disposición del conjunto de empleados públicos; el objetivo es la utilización de criterios homogéneos en la aplicación de la legislación de transparencia en las labores administrativas y de gestión de los servicios de la Administración del Principado.

En lo que respecta a los créditos directos de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana en actuaciones de gobierno abierto, destacar el incremento en un 30,7% respecto al ejercicio 2017 del capítulo dos con una dotación de 542.400 euros integra para 2019. En este apartado se incluye el mantenimiento del portal Asturias Participa, y el desarrollo de actuaciones recogidas en el Libro Blanco de Participación Ciudadana tales como: encuentros territoriales, un aula de formación itinerante, y el asesoramielunto a entidades locales que precisen de apoyo para la puesta en marcha de iniciativas de participación ciudadana . Ambos conceptos ascienden a 110.000 euros.

Además, se ha colaborado con la Consejería de Empleo, Industria y Turismo en el marco del Plan de Transformación Digital para la creación de herramientas de escucha social activa en la red y de comunicación digital que fomenten la participación ciudadana.

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Muchas gracias.

 

 

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