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Asturias defiende la bajada de los umbrales de acceso al Fondo de Solidaridad de la UE para que las regiones puedan beneficiarse de las ayudas ante catástrofes naturales graves

El consejero de Presidencia ha impulsado hoy esta iniciativa en el pleno del Comité de las Regiones, donde se ha debatido con el apoyo de País Vasco, Baleares, Extremadura, Valencia y Galicia

23/03/2017

El Gobierno de Asturias ha planteado una enmienda ante el pleno del Comité de las Regiones (CDR) para reducir los umbrales fijados por el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) y facilitar así que las regiones y municipios puedan beneficiarse de las ayudas frente catástrofes naturales graves.

Esta iniciativa, que se ha aprobado hoy con 76 votos a favor y el apoyo de cinco comunidades: País Vasco, Baleares, Extremadura, Valencia y Galicia, será incorporada a la enmienda que el CDR presentará al dictamen sobre el Plan de acción sobre el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2020.

En la actualidad, la Unión Europea considera que una catástrofe tiene la consideración de grave si ocasiona daños directos en un Estado miembro o en un país candidato a la adhesión por un importe superior a los 3.000 millones o si excede el 0,6% de la renta nacional bruta. En el caso de las regiones de entre 800.000 y tres millones de habitantes, establece que un desastre natural es grave si produce daños directos superiores al 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB).

El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, que hoy ha tomado la palabra para defender esta enmienda en el CDR, considera que el FSUE debería fijar umbrales más bajos para acceder a compensaciones, “dado que catástrofes como inundaciones e incendios forestales pueden afectar profundamente a las condiciones de vida, el medio rural y la economía de un entorno local y de una comunidad autónoma”.

A través de este mecanismo de apoyo financiero, que no está incluido en el presupuesto de la UE, se pueden movilizar anualmente hasta 500 millones como complemento del gasto público en operaciones de emergencia. Desde su creación en 2002, como respuesta a las inundaciones que afectaron entonces a Europa central, se han facilitado ayudas por más de 3.700 millones a una treintena de países por setenta catástrofes (inundaciones, incendios forestales, terremotos, temporales y sequías). España ha recibido 31 millones para hacer frente a los daños derivados del Prestige y el terremoto de Lorca, entre otros.

 

La función de los entes locales

El dictamen del Comité de la Regiones al que el Principado ha presentado una enmienda valora la función de los entes locales y las regiones en la gestión del riesgo y también su actuación ante catástrofes. “Estos organismos son responsables de la prevención, la organización de la respuesta inmediata y las operaciones de rescate y, sobre todo, poseen un conocimiento pormenorizado de su territorio”, ha defendido el consejero de Presidencia.

Por este motivo, el dictamen del CDR que respalda el Ejecutivo autonómico insiste en que municipios y regiones requieren herramientas y recursos para cumplir con sus obligaciones y se suma a la propuesta de la Comisión Europea para crear un eje prioritario, con un porcentaje de cofinanciación de hasta el 100%, para apoyar, en el marco de las prioridades de inversión de los fondos Feder, medidas de respuesta a desastres naturales de alcance general o regional.

 

Otras iniciativas

Además de esta iniciativa, Asturias también apoyará una resolución sobre las prioridades de trabajo de la Comisión Europea para 2018, para lo que ha dado su apoyo a enmiendas presentadas por los gobiernos del País Vasco, Canarias, La Rioja y Castilla y León que hacen referencia diferentes temas. Entre otros, aluden a los desafíos demográficos, la elaboración de estrategias energéticas, el crecimiento sostenible, la formación en investigación marina, los menores no acompañados que llegan a la UE y el fomento de la igualdad.

En materia de desafíos demográficos, las dos enmiendas respaldadas abogan porque en la Estrategia Europa 2020 se incorpore una nueva iniciativa para que todos los territorios afectados por el envejecimiento y la pérdida de población alcancen un crecimiento inteligente, sostenible e integrador para paliar sus desventajas respecto a otras regiones.

Respecto a los menores no acompañados, se plantea un reparto solidario de cargas y responsabilidades entre los diferentes niveles administrativos, ya que hasta ahora han sido las regiones las responsables de la integración.

También se recuerda que la igualdad entre hombres y mujeres es uno de los principios fundamentales del derecho comunitario, por lo que se insta a la Comisión a priorizar en sus políticas la igualdad de oportunidades y de trato, y la lucha contra cualquier discriminación de género.

 

Repercusiones del brexit

Asturias ha respaldado, además, la resolución aprobada por el CDR sobre las repercusiones que tendrá el brexit para los gobiernos locales y regionales y en la que se recuerda que la UE “es el mayor logro político de la historia que garantiza la paz, la democracia y la prosperidad de sus ciudadanos”. Por ello, insta al resto de los Estados miembros y a las instituciones comunitarias a que interpreten la salida del Reino Unido “como una oportunidad para construir una Unión Europea más justa, eficiente e inclusiva, que mantenga como principio básico el fomento de la gobernanza multinivel entre los ámbitos europeo, nacional, regional y local”.

Esta resolución destaca la necesidad de alcanzar cuanto antes un acuerdo basado en el principio de una retirada ordenada, “que aportaría a los ciudadanos, los entes locales y regionales y las empresas la certidumbre que merecen”. También considera que las futuras relaciones entre la UE y el Reino Unido tendrían que basarse en un equilibrio entre derechos y obligaciones, unas condiciones de competencia equitativas y unos mecanismos de ejecución eficaces, que no deberían conducir al desmantelamiento del mercado único.

El acuerdo de retirada debe dar prioridad, según el CDR, a la adopción de medidas que protejan los derechos adquiridos por los ciudadanos comunitarios que residen en el Reino Unido, así como los derechos de los ciudadanos británicos que residen y trabajan en otros Estados miembros, “sobre la base de la reciprocidad y la no discriminación”.

Advierte, además, de que las políticas marítima y pesquera figurarán entre las más perjudicadas, por lo que habrá que buscar soluciones que mitiguen las consecuencias para el conjunto de regiones y entes locales afectados, cuyos derechos de pesca históricos deben ser tenidos en cuenta para garantizar la protección de la pesca local, que constituye una actividad esencial de las comunidades costeras.

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