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Montes de Socios

De acuerdo al artículo 27 bis de la última y vigente redacción de la Ley de Montes nacional, son 'montes de socios' aquellos cuya titularidad corresponde, en pro indiviso, a varias personas siendo algunas de ellas desconocidas, con independencia de su denominación y de su forma de constitución.

En Asturias el origen, para la gran mayoría de este tipo de montes, han sido las redenciones de censos y foros (a lo largo del siglo XIX y hasta algo más allá de la primera mitad del XX) en las que los colonos titulares del dominio útil, compraban al dueño directo (nobles, burgueses, Iglesia, Estado o Municipios) su casería y tierras de labor asociadas, así como una o varias partes, varas, cuotas indivisas del monte de uso colectivo que correspondía al dominio que se redimía (muchas veces consistente en un valle, sierra o parroquia completa).

Estas redenciones dieron lugar, en otras partes de España, a las denominadas sociedades de vecinos que regulaban el uso colectivo de esta propiedad indivisa y exigían en algunos casos el cumplimiento de reglas vecinales (heredadas del origen comunal del monte) aunque la desamortización hubiera transformado la naturaleza de la propiedad del mismo (foros y censos que antes habían sido propiedad de los pueblos).

En Asturias existen figuras de derecho consuetudinario (hace años en desuso) que reconocían este tipo de propiedad por cuotas, varas o heminas, y distinguían la naturaleza de la propiedad respecto de otros montes colectivos aunque con grandes de las semejanzas algunas veces entre los órganos populares de gestión (concejo abierto, voz de villa, etc.). Todavía hoy se habla en el occidente de Asturias del 'monte de vecinos de' o 'monte del pueblo tal', cuando en realidad los propietarios de estos montes desde el momento de la redención no tienen por qué ser habitantes del pueblo al que se hace referencia, en muchos casos todavía parte de las cuotas de estos montes pertenecen al mayorazgo del que fueron redimidas (Casa del Conde de Toreno, Casa de Alba, etc.)

En menor medida el origen de estos montes está en la desamortización general ('Ley Madoz') que en Asturias supuso la venta por el Estado, desde el año 1855 hasta finales del XIX, de algunos de los montes de los pueblos (propios y comunes) y también de censos y foros que eran de su titularidad . De acuerdo a los datos publicados por el autor José María Moro Barreñada en el año 1979 aproximadamente unas 15.641 hectáreas en un total de 1.943 fincas rusticas, entre las que se contaban los montes y el resto de tipos de fincas agrarias, fueron las efectivamente vendidas.

El funcionamiento de esta forma de propiedad colectiva en régimen romano (montes de socios o proindiviso), sin menoscabo del derecho consuetudinario, ha estado regulado por las normas de nuestro Código Civil, que no impidieron que se haya llegado en muchos de los mismos a estados críticos de abandono, usurpación o apropiación, confusión como propiedades públicas comunales, etc… problemas que se han agudizado debido al abandono rural desde principios de los años 70 del siglo XX, ya que, salvando las diferencias entre unos lugares y otros, una de las principales causas de la dificultad actual para la gestión racional de estos montes es el desamparo legal en el que los dueños conocidos se encuentran cuando parte de las cuotas, varas o heminas son de propiedad desconocida.

El progresivo decrecimiento del valor socio-económico de las superficies forestales desde mediados del pasado siglo XX (el abandono rural desde mediados del siglo XX y la emigración histórica anterior), también ha jugado a favor de las actuaciones oportunistas de algunos de los propietarios (explotación irracional) e incluso a la apropiación por terceros sin derechos en estos montes. Situación que se mantiene en el tiempo debido a la dificultad y dejadez en mantener los registros públicos actualizados (herencias y tracto sucesivo de cada cuota, impuestos y tasas, etc.), que hacen inaplicables las normas y reglas de gestión preceptuadas por el Código Civil tanto para la administración (rentas, producciones, alquileres, etc.) como para la disposición legal sobre estos bienes (repartos, compraventas, etc.)

En el año 2003, en base a la propuesta presentada por la Asociación de Propietarios Forestales de Soria, la primera redacción de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes nacional, incluyó una disposición adicional (la décima) sobre la gestión de montes pro indiviso permitiendo que, al menos para la administración 'no dispositiva' de este tipo de propiedades forestales, los dueños conocidos pudieran constituirse en una junta gestora que administrase los intereses de todos los copropietarios con total validez legal y con respeto a las cuotas de titularidad desconocida.

Esta disposición adicional décima de la Ley nacional se transcribió como disposición adicional primera en la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de Montes y Ordenación Forestal lo que motivó los trabajos de apoyo al establecimiento de estas juntas gestoras para algunos montes, de hecho la primera junta gestora de montes pro indiviso constituida en España, en el año 2006, fue la del monte 'Braña de Cerredo' en Belmonte de Miranda, siendo la segunda la constituida para el Monte 'Pinar' en Herrera de Soria en el año 2007.

Entre el año 2006 y el año 2015 el Servicio de Montes del Principado de Asturias colaboró en la constitución de 14 juntas gestoras en los concejos de Belmonte de Miranda, Cangas del Narcea, Grandas de Salime, Illano, Tineo, Valdés y Villayón.

El año 2015 se modificó la Ley de Montes nacional incluyéndose el artículo 27 bis, regulando de una manera más detallada el proceso de constitución de las Juntas Gestoras, y su funcionamiento, competencias, así como sus obligaciones, entre ellas la de investigación de la titularidad de las cuotas desconocidas y notificación de las mismas a la Dirección General del Patrimonio del Estado.

En el siguiente enlace se puede descargar un extracto de la Ley 4/2003 de Montes nacional con solo este artículo 27 bis

   Icono gráfico alusivo al tipo de archivo Extracto de la Ley 4/2003 (Pdf: 169 Kb)

A partir de esta nueva redacción de la Ley, se ha promovido en Asturias la publicidad y convocatoria para la constitución de más Juntas Gestoras.