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Acuerdos del Consejo de Gobierno

  1. julio
  2. 9 de julio de 2020
    Acuerdos del Consejo de Gobierno: 09/07/2020
    • Pese a las limitaciones del estado de alarma, 1.233 personas recibieron el informe que les asigna una prestación
    • El Principado financia con un millón el mantenimiento de la Red de Casas de Acogida
    • El Ejecutivo destina más de 6 millones a la mejora de zonas forestales y a la prevención de incendios
    • Industria apoya con 783.708 euros la promoción del uso de energías renovables por parte de empresas, familias e instituciones sin ánimo de lucro

    La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha informado hoy al Consejo de Gobierno de la reducción del 21% de la lista de personas dependientes que están a la espera de una prestación. A pesar de las limitaciones que ha supuesto el estado de alarma, 1.233 beneficiarios recibieron durante junio sus planes individualizados de atención (PIA), el informe que asigna el servicio o recurso más adecuado para cada caso, según el grado y nivel de dependencia reconocidos.

    Este importante descenso destaca sobre todo en las áreas sociosanitarias l (occidente), lV (Oviedo) y Vlll (Nalón), que superaron el 30% en todos los casos.

    Para agilizar la tramitación de estos informes se reforzó el personal en un 37%, principalmente en las áreas de la zona central, en las que se acumula un mayor retraso de los PIA, que supone que la persona tiene la dependencia reconocida pero aún no ha recibido su prestación.

    También se ha reorganizado el trabajo por objetivos, de forma que durante el estado de alarma, todas las tareas inherentes a esta función fueron apoyadas por los valoradores de la dependencia, lo que ha permitido disminuir las listas de espera.

    El paso previo a la elaboración del plan personalizado, es decir, el reconocimiento o valoración de la situación de dependencia, también ha reducido las solicitudes pendientes en un 21% durante los últimos nueve meses. Esta cifra resulta aún más significativa debido a que estas valoraciones tuvieron que ser suspendidas del 12 de marzo al 1 de julio a causa de la pandemia.

    Pese a las dificultades provocadas por la crisis sanitaria, Asturias es la comunidad en la que más aumentaron las valoraciones a personas dependientes durante el estado de alama.

    Con estos datos, el Gobierno de Asturias avanza en el cumplimiento del plan de choque anunciado en septiembre de 2019 por el que se comprometía a terminar con las listas de espera en un año y resolver en plazo todas las solicitudes de ayudas vinculadas a la Ley de Dependencia.

    La tramitación de estas ayudas sigue un proceso que conlleva dos procedimientos. El primero es determinar si el solicitante es o no dependiente y, en caso de serlo, en qué grado y nivel. El segundo, la elaboración del PIA, se pone en marcha en el caso de que a la persona le sea reconocida la situación de dependencia. Por medio de este informe, que se realiza teniendo en cuenta las necesidades del usuario y su familia, se le asigna el recurso más adecuado.



    Apoyo a las víctimas de violencia de género

    El Gobierno ha autorizado la renovación de seis convenios de colaboración con otros tantos concejos para el mantenimiento de la Red de Casas de Acogida, creada en 2000 para actuar de forma integral sobre las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas. Mediante los acuerdos aprobados hoy, Oviedo, Gijón y Avilés aportan fondos por valor de 255.000 euros además de dos casas y un piso tutelado, mientras que Langreo, Valdés y Castrillón participan cediendo el uso de otros tres pisos.

    El Principado destina este año más de 1.000.000 de euros, en concreto 1.052.142, al mantenimiento de los dispositivos de atención y acogida a víctimas de violencia de género a través de un acuerdo con Cruz Roja Española.

    La red, que busca facilitar la recuperación de las mujeres y ofrecer atención personalizada, está formada por los siguientes dispositivos: un servicio de atención a ingresos y emergencias; las casas de acogida de Avilés y Oviedo; el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género de Gijón, conocido como la Casa Malva, y 20 pisos tutelados: doce en Gijón, cuatro en Oviedo y uno en Avilés, Castrillón, Langreo y Valdés.

    Además, y debido a las condiciones extraordinarias provocadas por la crisis sanitaria, en abril se abrió una casa de acogida temporal para cubrir las necesidades de alojamiento derivadas del estado de alarma.

    Según los datos de actividad de la red durante los seis primeros meses de este año, fueron atendidas 330 personas, de las que 172 son mujeres y 158 hijos e hijas. Se registraron 182 nuevos ingresos, de los que 102 son mujeres y 80 hijos e hijas, y 31 personas se beneficiaron de los pisos tutelados, 14 mujeres y 17 hijos e hijas. El Servicio de atención a ingresos y emergencias (Servaten) recibió 286 llamadas.

    En 2019, el total de personas atendidas fue de 564, 272 mujeres y 292 personas a cargo; los nuevos ingresos fueron 446, 216 mujeres y 230 personas a cargo, y los pisos tutelados recibieron a 16 mujeres y 17 hijos e hijas. El servicio de llamadas recibió 517.



    Ayudas a mujeres víctimas violencia machista

    El Principado ha concedido 149.527,56 euros en ayudas directas a mujeres víctimas de violencia de género así como a hijas e hijos de víctimas mortales por violencia de género en lo que va de año. Estas ayudas se enmarcan en las medidas integrales de protección, atención y asistencia a las víctimas así como a sus hijas e hijos y están financiadas con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

    Con este apoyo económico se busca paliar en parte las dificultades económicas que sufren estas mujeres, pues en el momento posterior a la separación suelen tener que asumir el papel de sustentadoras únicas de la unidad familiar y son habitualmente ellas las que abandonan el domicilio conyugal. Por otra parte, los hijos e hijas de mujeres asesinadas se enfrentan de hecho a una situación de orfandad.

    En la primera concesión de estas ayudas aprobada hoy por el Ejecutivo se han concedido a 55 mujeres por un total de 130.961,71 euros, cifra a la que se suman los 15.000 euros que recibirán cinco hijos e hijas de víctimas mortales por violencia de género.

    La mayoría de las solicitudes están vinculadas al pago del alquiler, hipoteca y gastos básicos de la vivienda como la luz y el agua; también hay un pequeño porcentaje de gastos vinculados a la compra de mobiliario y electrodomésticos básicos y otro a gastos médicos no cubiertos por la seguridad social como son los odontológicos.

    En la cuantía aprobada hoy se incluyen 3.565,85 euros con que se estimaron dos recursos pendientes del ejercicio anterior.

    Está previsto ampliar la partida destinada en 2020 a estas ayudas con 350.000 euros más.

    En la actualidad, ya se han recibido 121 solicitudes más, por un importe solicitado que asciende a 305.000 euros.



    Lucha contra los incendios forestales

    El Gobierno dedicará 6.080.000 euros a la convocatoria de ayudas de las líneas de mejora de zonas forestales y de prevención de incendios del Programa de Desarrollo Rural. La inversión, cofinanciada por la Unión Europea (UE) a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y con carácter plurianual, recoge 3.040.000 euros para este ejercicio y el resto para el próximo.

    Con estas ayudas dirigidas a las entidades locales se busca favorecer la protección del medio ambiente y la prevención y defensa contra los incendios forestales. Asimismo, se fomenta la economía circular, ya que la mayoría de las obras son ejecutadas por empresas del entorno, lo que contribuye a fijar sectores de actividad, de empleo y población en los lugares donde se realizan.

    A través de la línea de prevención de daños causados a los bosques por incendios forestales, desastres naturales y catástrofes, dotada con 4.880.000 euros, se fomenta la construcción de infraestructuras contra el fuego, fijando puntos de discontinuidad y protegiendo las poblaciones.

    Por otro lado, a la línea de desarrollo de zonas forestales se destinan 1,2 millones para facilitar que los ayuntamientos desarrollen aquellos tratamientos selvícolas necesarios para la producción más adecuada en los montes de su propiedad mediante repoblaciones, mejora de pistas o puntos de agua, entre otros.



    Apoyo a las organizaciones profesionales agrarias

    El Principado apoyará con 212.500 euros a las organizaciones profesionales agrarias para sufragar parcialmente sus gastos de funcionamiento. Estas entidades constituyen un elemento importante como órganos de consulta y asesoramiento de las administraciones públicas.

    Se trata de un sector que ha jugado un papel trascendental en la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, ya que la producción agraria y agroalimentaria alcanza un valor estratégico al ser un servicio esencial para la población.

    La distribución es la siguiente:

    Organización Subvención
    Asociación Agraria Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Asturias (ASAJA) 68.000 €
    COAG-ASTURIAS 68.000 €
    Unión de Campesinos Asturianos (UCA) 76.500 €
    Total 212.500 €

     



    Subvenciones a la eficiencia energética

    El Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de una línea de subvenciones por importe de 783.708 euros en materia de eficiencia y consumo de energías no contaminantes.

    Concretamente, se destinarán 633.708 euros a la promoción del uso de energías renovables en ayudas a empresas privadas y 150.000 euros a familias e instituciones sin ánimo de lucro.

    Las subvenciones van dirigidas al uso de biomasa como combustible para la producción de energía térmica; la implantación de instalaciones de aprovechamiento energético de biogás; el transporte y la movilidad eficiente de mercancías; la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, o la implantación de estaciones de repostaje de combustibles alternativos accesibles al público.

    Estas ayudas se convocan anualmente y cuentan con un alto grado de ejecución. En los dos últimos ejercicios se apoyaron 194 actuaciones, con una cuantía total subvencionada de 2.136.041 euros para una inversión superior a los 12,3 millones. En la actual convocatoria, se esperan obtener resultados equivalentes.



    Mejora del suministro de gas

    El Ejecutivo también ha autorizado la firma de un convenio de colaboración entre el Principado y la sociedad NED Suministros GLP, del Grupo Nortegás, para acometer la gasificación y promover la seguridad y calidad del suministro en el núcleo de población de San Esteban de Pravia.

    Esta iniciativa contempla una inversión de 261.033 euros, de los que 120.000 serán aportados por el Gobierno regional. Se da continuidad con ello al compromiso del Ejecutivo para la mejora del acceso a la red de gas en el Principado por parte de particulares y empresas, contribuyendo a la viabilidad económica de los proyectos.



    Mantenimiento de los Juzgados de Paz

    El Gobierno destinará 140.000 euros en subvenciones a sesenta ayuntamientos asturianos para cubrir los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, órganos ubicados en los municipios donde no existe Juzgado de Primera Instancia e Instrucción y que asumen competencias de menor importancia tanto en el orden civil como en el penal.

    También ofrecen servicios de cooperación judicial al facilitar la comunicación de los demás órganos judiciales con los ciudadanos residentes en estos municipios que a menudo están poco poblados.

    La red de Juzgados de Paz de Asturias presta este tipo de servicios a 204.557 asturianos que viven en estos municipios.



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  3. 2 de julio de 2020
    Acuerdos del Consejo de Gobierno: 02/07/2020
    • La reorganización no supondrá un aumento del número total de altos cargos
    • Medio Rural y Cohesión Territorial contará con una Viceconsejería de Infraestructuras, Movilidad y Territorio y se suprime la Agencia de Transportes
    • Clara Sierra, hasta ahora responsable del Instituto de la Juventud, pasará a ser directora general de Juventud, Diversidad Sexual y Derechos LGTBI
    • La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar se hará cargo de la empresa Sedes para aglutinar todas las políticas públicas de vivienda en el mismo departamento
    • El Ejecutivo da luz verde al decreto que regula la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que liderará el vicepresidente, Juan Cofiño

    El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy su nueva estructura con un doble objetivo: abordar la reforma y modernización de la Administración y apoyar el desarrollo del medio rural. El Ejecutivo también ha ratificado el decreto que regula la creación de la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno para Asuntos Económicos, que liderará el vicepresidente Juan Cofiño.

    El presidente del Principado, Adrián Barbón, anunció la reestructuración el 20 de junio. El jefe del Ejecutivo explicó que los cambios provocados por la pandemia le han llevado al convencimiento de que la puesta al día de la Administración debe afrontarse esta legislatura. También aseguró que la crisis sanitaria supondrá un refuerzo del medio rural, una de las prioridades del Gobierno de Asturias.

    Con estos planteamientos, Barbón adelantó la reforma del Ejecutivo para crear dos consejerías. Una, la de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, dirigida por Juan Cofiño. Otra, la de Medio Rural y Cohesión Territorial, responsabilidad de Alejandro Calvo. Ambos tomaron posesión de sus cargos la semana pasada.

    El Consejo de Gobierno ha dado esta mañana un nuevo paso con la aprobación de los respectivos decretos de estructura. Uno de los principales cambios es la creación de la Viceconsejería de Infraestructuras, Movilidad y Territorio. Aparte, Clara Sierra, hasta ahora responsable del Instituto de la Juventud, pasará a asumir también el área de diversidad sexual y derechos LGTBI en una nueva dirección general. Estas funciones continuarán en la Consejería de Presidencia.

    Las modificaciones también afectan a las consejerías de Hacienda, Educación y Servicios Sociales, aunque en menor medida. Los cambios no conllevan un incremento del número total de altos cargos.

    A continuación se resumen las modificaciones:



    Vicepresidencia y Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático

    Dirigida por Juan Cofiño, esta consejería se encargará de preparar y afrontar la reforma de la Administración autonómica. El vicepresidente dirige también el Comité de coordinación de la Desescalada y la Comisión delegada del Consejo de Gobierno para Asuntos Económicos.

    A efectos de la estructura del gobierno, la consejería mantiene el rango de vicepresidencia y asume la Dirección General de Función Pública, entre cuyas tareas figuran la administración y gestión económica del personal de la Administración, relaciones laborales y ordenación de recursos humanos, prevención de riesgos laborales e inspección general de servicios. Además, mantiene las competencias en Medio Ambiente y Cambio Climático así como las relacionadas con la coordinación del gobierno, los servicios jurídicos o las relaciones con la Junta General.

    En cuanto a sus órganos centrales, además de la Secretaría General Técnica, se estructura de la siguiente forma:

    • Dirección General de la Vicepresidencia
    • Dirección General de Función Pública.
    • Viceconsejería de Medio Ambiente y Cambio Climático:
    • Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático.

    Este departamento contará con dos órganos de asesoramiento y apoyo: la Comisión Superior de Personal y la Comisión para Asuntos Medioambientales. La Junta de Saneamiento continuará formando parte de la consejería, que también seguirá ejerciendo las competencias que se atribuyen al Principado en Cogersa y Cadasa.



    Consejería de Presidencia

    La consejería que dirige Rita Camblor asume las competencias relativas a diversidad sexual y derechos LGTBI, que se integrarán en la nueva Dirección General de Juventud (que sustituye al Instituto Asturiano de la Juventud), y al frente de la cual seguirá estando Clara Sierra. El Instituto Asturiano de la Juventud ya tenía rango de dirección general.

    El cambio conlleva también una reordenación de las funciones del área de Estrategia Digital que asume la dirección, diseño, desarrollo y mantenimiento del Sistema de Gestión Documental y las políticas de digitalización. También se ocupará de la gestión y explotación de los datos almacenados.

    Finalmente, se crea el Servicio de Cooperación al Desarrollo, en la Agencia Asturiana de Cooperación, hasta ahora dotado solamente con una Sección y varios técnicos y personal auxiliar.



    Consejería de Hacienda

    Hacienda, liderada por Ana Cárcaba, asume sector público, hasta ahora en la Consejería de Presidencia. Esta nueva competencia no aumentará la estructura de altos cargos de Hacienda.

    Cárcaba trabajará conjuntamente con el vicepresidente Juan Cofiño en la reforma de la Administración autonómica y, en especial, de los órganos, entes y fundaciones que constituyen el sector público.



    Consejería de Educación

    Los ajustes en la consejería que titula Carmen Suárez responden a las necesidades detectadas tras la declaración del estado de alarma y, más en concreto, a la planificación del nuevo curso, con el objetivo de conciliar la mayor presencia posible en las aulas con un respeto escrupuloso a las normas de seguridad.

    Los cambios en este departamento sólo afectan a la Dirección General de Personal Docente, que reforma sus dos servicios:

    -el de plantillas y costes de personal, que pasa a llamarse servicio de relaciones laborales, programación de efectivos y costes de personal docente

    -y el hasta la fecha de gestión administrativa y relaciones laborales, que pasa a ser servicio de gestión administrativa de personal docente.

    Gracias a estos cambios se ordenan y definen de manera equilibrada tanto las competencias como las cargas de trabajo de cada uno de los servicios de la dirección general.

    Aparte, la Secretaría General Técnica asumirá funciones en materia de responsabilidad patrimonial. Igualmente, las distintas direcciones generales ejercerán funciones de coordinación sobre las plataformas informáticas de su ámbito de gestión, con la finalidad de mejorar y ordenar el aprovechamiento de los recursos telemáticos.



    Consejería de Derechos Sociales y Bienestar

    Melania Álvarez, consejera de Derechos Sociales y Bienestar, también ha decidido cambios en su departamento.

    En este caso, la Dirección General de Planificación, Ordenación y Adaptación al Cambio Social integrará el Servicio de Inspección y Calidad.

    Este servicio es el encargado de ejercer las funciones inspectoras de servicios y prestaciones económicas del sistema público asturiano de servicios sociales para verificar el cumplimiento de la normativa. También se ocupa del diseño y evaluación de las políticas de calidad de las prestaciones ligadas al Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

    Además, la empresa Sedes S.A. pasa a depender de la Dirección General de Vivienda con el fin de reunir todas las políticas de este ámbito en la misma consejería para racionalizar el sector público. Esta sociedad mercantil, fundada en 1947, estaba adscrita hasta ahora a la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático.



    Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial

    Esta consejería agrupa, con la de Administración Autonómica, los cambios más importantes. Dirigida por Alejandro Calvo, se encargará de conciliar el respaldo al medio rural con las políticas de infraestructuras.

    En cuanto a su estructura, la consejería mantiene las competencias en materia de medio natural, recursos agrícolas, forestarles, ganaderos y pesqueros, de industria agroalimentaria y de desarrollo rural. Al tiempo, asume las de infraestructuras viarias y portuarias, transportes, conectividad y movilidad y ordenación del territorio y urbanismo.

    Los cambios introducidos permiten recuperar una visión más integral de la planificación y la gestión de las infraestructuras, de tal forma que, además de responder a criterios demográficos, contribuya a generar desarrollo económico y movilidad sostenible en todo el territorio, especialmente en las alas de la región.

    Se crea la Viceconsejería de Infraestructuras, Movilidad y Territorio, que se encargará de coordinar las acciones de tres direcciones generales en materia infraestructuras viarias y portuarias; transportes, conectividad y movilidad; ordenación del territorio y urbanismo. En la nueva estructura desaparece la Agencia de Transportes, que se integra en la Dirección General de Transportes y Movilidad. Así, se crea alto cargo (una viceconsejería), pero desaparece otro (la dirección de la Agencia de Transportes).

    Cómo órganos centrales, además de la Secretaria General Técnica, se incluyen los siguientes:

    • Dirección General de Ganadería y Sanidad Animal
    • Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación
    • Dirección General de Infraestructuras Rurales y Montes
    • Dirección General de Medio Natural y Planificación Rural
    • Dirección General de Pesca Marítima
    • Viceconsejería de Infraestructuras, Movilidad y Territorio:
    • Dirección General de Infraestructuras Viarias y Portuarias
    • Dirección General de Transportes y Movilidad
    • Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo

    De la consejería dependen también la entidad pública Servicio de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias (Serida) y la Comisión Regional del Banco de Tierras. Y como órganos de asesoramiento y apoyo dispone de:

    • Consejo Forestal del Principado de Asturias
    • Consejo Agrario del Principado de Asturias
    • Consejo Agroalimentario del Principado de Asturias
    • Consejo Regional de Caza
    • Consejo de los Ecosistemas Acuáticos y de la Pesca en Aguas Continentales del Principado de Asturias
    • Comisión Cartográfica del Principado de Asturias
    • Consejo de la Movilidad del Principado de Asturias

    También están adscritos a la consejería el ente público el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), y los órganos Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) y el Jurado de Expropiación del Principado de Asturias.



    Comisión para asuntos económicos

    El Ejecutivo ha aprobado también el decreto de creación de la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno para Asuntos Económicos, integrada por los titulares de las consejerías de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño; de Hacienda, Ana Cárcaba; de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, y de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez.

    La creación de este nuevo organismo se produce en el contexto de la excepcional coyuntura sociosanitaria que debe afrontarse. La crisis provocada por el coronavirus ha creado un escenario económico y presupuestario que requiere medidas organizativas para intensificar los principios de agilidad, eficacia y eficiencia de la administración.

    La presidencia de la comisión le corresponde al presidente del Principado, Adrián Barbón y, por delegación, al vicepresidente de Gobierno, mientras que la secretaría será desempeñada por el consejero de Ciencia.

    Además de sus miembros, podrán ser convocados a las reuniones otros integrantes del Consejo de Gobierno, altos cargos de la Administración autonómica y, excepcionalmente, personas que puedan prestar una contribución singular en el asunto a tratar en cada momento

    Las principales funciones de este organismo, establecidas en el decreto, son las siguientes:

    • Estudiar las directrices generales de política económica del Principado de Asturias.
    • Coordinar planes y programas de trascendencia económica, financiera y presupuestaria, formulando las propuestas correspondientes al Consejo de Gobierno.
    • Coordinar y proponer al Consejo de Gobierno los principios básicos, planes y programas de actuación en lo relativo a instrumentos de reactivación y promoción económica, así como la evaluación de resultados de las actuaciones desarrolladas en la materia.
    • Impulsar y coordinar medidas de análisis y evaluación de políticas y procedimientos de actuación de la administración, en especial de aquellos con trascendencia directa en la generación de actividades económicas.



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