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Acuerdos del Consejo de Gobierno

  1. febrero
  2. 13 de febrero de 2019
    Acuerdos del Consejo de Gobierno: 13/02/2019

       - El Principado y los ayuntamientos suscribirán el acuerdo marco de colaboración en las próximas semanas
       - El texto prevé la creación de una conferencia metropolitana, un comité técnico y un consejo estratégico
       - El Ejecutivo destina 370.000 euros al año al Programa de Atención al Déficit Auditivo Infantil
       - Declaradas de utilidad pública, interés social y urgente ejecución dos concentraciones parcelarias privadas en Cangas del Narcea, Tapia de Casariego y El Franco

    El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la celebración de un convenio marco de colaboración entre la Administración del Principado, a través de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, y los ayuntamientos de Gijón, Avilés, Siero, Mieres y Langreo para el desarrollo institucional del área metropolitana. De este modo, se coordinará la planificación y ordenación estratégica en los ámbitos territoriales y sectoriales que se consideren prioritarios.

    El convenio, cuya firma por las partes se formalizará en las próximas semanas, propone la creación de una conferencia metropolitana, como órgano de debate y decisión, formada por el Gobierno de Asturias, los ayuntamientos que han aprobado el convenio, la Administración General del Estado y una representación de los municipios de oriente y occidente, a través de la Federación Asturiana de Concejos (FACC).

    Asimismo, recoge el compromiso de constituir un comité técnico y un consejo estratégico como ámbitos de asesoramiento y participación de los agentes sociales públicos y privados, tales como organizaciones empresariales, sindicales y colegios profesionales.

    El Gobierno del Principado coincide con otros actores participantes en que el impulso de políticas que regulen, orienten y ordenen el crecimiento de la metrópoli de aproximadamente 800.000 habitantes que se conformaría en el centro de Asturias resulta crucial para el futuro de la comunidad. El área metropolitana impulsaría el dinamismo económico, la capacidad de crecimiento y la cooperación territorial.

    La ordenación de esta gran urbe permitiría además fomentar la productividad en sectores claves como los servicios intensivos en conocimientos, los comerciales o la industria avanzada. Al mismo tiempo, constituye una fórmula interesante para revertir la pérdida de la población, al tiempo que mejora la calidad de vida.



    Convenio con la Fundación Vinjoy sobre el déficit auditivo infantil

    El Ejecutivo ha autorizado la firma de un convenio entre la Consejería de Sanidad y la Fundación Padre Vinjoy de la Sagrada Familia para la dotación de material audio-protésico destinado a la población incluida en el Programa de Atención al Déficit Auditivo Infantil en Asturias (Padai).

    El acuerdo garantiza que los menores que se benefician de este programa reciban el material audio-protésico necesario, una vez diagnosticado el caso por el sistema sanitario y remitido a la fundación. Este proyecto favorece el desarrollo del lenguaje oral y la comprensión de los niños con sordera, al tiempo que mejora su capacidad para relacionarse.

    El convenio no tiene coste para el Principado, que ya destina cerca de 370.000 euros anuales al programa. Entre otras obligaciones, Sanidad se compromete a mantener el banco de audífonos, asegurar la calibración técnica de los aparatos de audiometría y la cabina de pruebas y a facilitar materiales de adaptación a cada uno de los menores.

    El Padai se puso en marcha en 2002 como iniciativa multidisciplinar y pionera de detección, tratamiento y rehabilitación precoz de menores con hipoacusia (disminución de la capacidad auditiva). Desde entonces, ha contribuido a mejorar notablemente la vida de estos niños y la de sus familias. Los servicios sanitarios han evaluado en estos años a más de 110.000 bebés, con una cobertura del 99,2%.

    Un 7,8% de los casos analizados -alrededor de 8.500 niños en los últimos 15 años- dieron positivo en la primera de las pruebas. Tras un segundo examen, cerca de 970 pequeños fueron derivados a la unidad de hipoacusia infantil del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para su diagnóstico y tratamiento. En 9 de cada 10 casos, la confirmación diagnóstica se realizó en los tres primeros meses de edad y sin efectos secundarios conocidos. De este modo, se ha podido descubrir algún tipo de deficiencia auditiva en 3 o 4 niños por cada mil cribados.



    Nuevas concentraciones parcelarias de carácter privado

    El Consejo de Gobierno ha aprobado sendos decretos por los que se declaran de utilidad pública, interés social y urgente ejecución las concentraciones parcelarias de carácter privado de Monte de Morzó (Cangas del Narcea) y La Granda-La Veguina (Tapia de Casariego-El Franco).

    En la de Cangas del Narcea, se establece como superficie mínima de cultivo agrícola una unidad de 70 hectáreas y para el uso forestal, otra de 10. Para la concentración de Tapia de Casariego y El Franco las cantidades se sitúan, respectivamente, en 50 y 10 hectáreas.



    Autorizada una operación de crédito de la Universidad de Oviedo

    El Ejecutivo ha acordado autorizar a la Universidad de Oviedo a concertar una operación de crédito a corto plazo de hasta 5 millones con la entidad Liberbank S.A.

    La operación tiene fecha de vencimiento el 27 de diciembre de este año y un tipo de interés y comisiones fijo al 0,05%, sin comisión de apertura. La liquidación de intereses será trimestral.



    Convenio del Ente de Servicios Tributarios con el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos

    El Consejo de Gobierno ha aprobado un convenio entre el Ente Público de Servicios Tributarios y el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España. El acuerdo permite que estos profesionales presenten las declaraciones y liquidaciones de los impuestos de sucesiones y donaciones y de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en representación de los contribuyentes que requieran sus servicios. Además, incluye la posibilidad de que se puedan enviar las declaraciones por vía telemática, lo que aportará mayor agilidad y eficacia al proceso.

     

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  3. 6 de febrero de 2019
    Acuerdos del Consejo de Gobierno: 06/02/2019

       - Los cambios en el texto facilitarán que el profesorado actúe ante posibles conflictos de convivencia como el acoso escolar
       - La norma pretende asegurar el reconocimiento institucional, el prestigio social y el respaldo legal a la labor de los profesionales
       - El Principado aprueba la renovación del convenio suscrito con el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Asturiana de Concejos para detectar casos de vulnerabilidad en procesos de desahucio

    El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la primera modificación del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y las normas de convivencia en los centros no universitarios sostenidos con fondos públicos. El cambio persigue reforzar la autoridad del profesorado, por lo que el nuevo texto detalla sus competencias frente a conductas inapropiadas y las medidas disciplinarias que podrá aplicar directamente.

    El Ejecutivo pretende asegurar que los docentes realicen con éxito su tarea, para lo que se incorporan en la norma distintos aspectos en desarrollo de la ley autonómica 3/2013, de 28 de junio, de Medidas de Autoridad del Profesorado. Por ejemplo, se hace referencia expresa a la necesidad de mostrar respeto por los derechos y la dignidad de todos los miembros de la comunidad educativa, con el fin de asegurar un clima positivo de convivencia.

    Además, el ámbito de aplicación del decreto no se limita a las actividades que tienen lugar en el centro educativo y a aquellas que, aunque se celebren fuera de estos recintos, están directamente vinculadas a la vida escolar, sino también a las actividades complementarias y extraescolares que requieren la presencia del profesorado.

    La norma actualizada facilitará también que los docentes ofrezcan una respuesta proporcionada ante posibles conflictos como las situaciones de acoso escolar derivadas, por ejemplo, del mal uso de las tecnologías. También refuerza su función como pilar esencial del sistema educativo, con el fin de que cuenten con prestigio social, reconocimiento institucional a su labor y respaldo legal a su autoridad.

    El Principado considera que todas estas medidas son imprescindibles para avanzar en un sistema de educación equitativo y de calidad, que garantice el clima de respeto imprescindible para el ejercicio de la función docente, prime el mérito y el esfuerzo personal y eduque en la convivencia, los valores democráticos y la responsabilidad.

    La modificación materializa una de las actuaciones prioritarias previstas en el Plan estratégico para la mejora de la convivencia y la participación en los centros educativos del Principado de Asturias que, a su vez, desarrolla la Ley de Medidas de Autoridad del Profesorado. Esta última norma atribuye a los docentes la condición de autoridad pública, al tiempo que establece la presunción de veracidad de los hechos que constaten y expresen por escrito en el ejercicio de sus competencias correctoras y disciplinarias.

    En definitiva, el decreto se adapta ahora a las necesidades actuales y futuras del sistema educativo y refuerza la autoridad de los docentes como medio para garantizar la calidad de la enseñanza. La norma, que fomenta también la resolución pacífica de conflictos, cuenta con informes favorables del Consejo Escolar del Principado y del Consejo Consultivo.



    Protocolo de actuación ante lanzamientos hipotecarios

    El Ejecutivo ha autorizado la renovación del convenio suscrito en marzo de 2018 con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Asturiana de Concejos (FACC) que establece un protocolo para detectar supuestos de vulnerabilidad en procesos de desahucio de viviendas por impago de créditos hipotecarios o alquileres.

    La comisión de seguimiento del convenio acordó el pasado octubre incluir en el nuevo acuerdo una cláusula para afianzar la identificación de cualquier situación de riesgo. Por esta razón, el texto incorpora ahora una adenda por la cual los órganos judiciales, en los expedientes por impago de hipotecas y alquileres, adoptarán las medidas oportunas para propiciar la detección temprana de situaciones excepcionales y comunicarlas a los servicios sociales municipales. Se trata de evitar situaciones de desprotección para quienes se hallen inmersos en procesos de pérdida de su vivienda habitual.

    Además, con el fin de lograr una mayor eficacia de las actuaciones, la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana trabaja ya en la redacción de un nuevo convenio de colaboración con el Colegio de Trabajo Social para habilitar en las sedes judiciales de Oviedo, Gijón y Avilés un servicio que, en coordinación con la autoridad judicial y los departamentos de servicios sociales municipales, realice las gestiones necesarias para ofrecer una respuesta rápida a las personas afectadas por procedimientos de desahucio. Los presupuestos del Principado para este año incluyen una partida de 99.000 euros para esta actuación.

     

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