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Acuerdos del Consejo de Gobierno

  1. febrero
  2. 15 de febrero de 2017
    Acuerdos del Consejo de Gobierno: 15/02/2017

       - El Principado actualizará el acuerdo con la FOP, que incluye un intercambio permanente de información para hacer los seguimientos

       - Los resultados de los dos últimos censos confirman la consolidación e incremento de ejemplares en la zona occidental y un ligero aumento en la oriental    - Ladislao Azcona seguirá al frente del Consejo Social de la Universidad de Oviedo

        - El Ejecutivo autoriza la prórroga del contrato con Mensajeros de la Paz para la gestión de la residencia Villamil-Serantes

    El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales la firma del convenio marco permanente de colaboración con la Fundación Oso Pardo (FOP) con el fin de reforzar la conservación de la especie y de su hábitat y fomentar una imagen más positiva de estos animales como elemento dinamizador de las áreas rurales.

    El Ejecutivo autonómico considera que los cambios experimentados en la población y los retos a los que se enfrenta este plantígrado justifican la renovación y la actualización de un acuerdo cuyo origen se remonta a 2004 y que ha permitido desarrollar con éxito numerosos proyectos y actividades de conservación, investigación y educación ambiental.

    Mediante el nuevo convenio, que no supondrá obligaciones económicas para ninguna de las partes, el Principado y la FOP intercambiarán información relevante y aunarán esfuerzos para favorecer cambios de actitud entre la población local, y la sociedad en general, fomentando una imagen positiva del oso.

    En esta línea, la consejería, junto a expertos de la FOP y de la Fundación Oso de Asturias, ha planificado veinte charlas relacionadas con la convivencia con osos habituados, que son aquellos que dejan de mostrar respuestas de alarma o huida ante estímulos repetidos que no consideran peligrosos. El ciclo, que se prolongará hasta abril, dará comienzo la semana que viene en Corias (Cangas del Narcea) y se extenderá a los concejos de Degaña, Ibias, Belmonte, Somiedo, Tineo, Quirós, Teverga, Proaza, Santo Adriano, Lena y Aller.

    El Principado y la fundación también colaborarán en las revisiones del plan de recuperación de la especie y en la elaboración y la ejecución de protocolos para evitar conflictos con humanos.

    El acuerdo incluye, asimismo, el diseño de métodos estandarizados de seguimiento genético y demográfico. En este contexto cobra especial relevancia la cooperación entre ambas partes para elaborar el censo anual de osas con crías, que es el instrumento más eficaz para conocer la evolución de la población cantábrica. La metodología empleada ha sido aceptada por la comunidad científica. De esta forma, habrá un intercambio permanente de información para hacer los seguimientos.

    Aunque según el catálogo español de especies amenazadas el oso pardo se encuentra en peligro de extinción, la población de la cornisa Cantábrica ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años. No obstante, aún prevalecen algunos factores negativos que exigen la adopción de medidas continuas de control, como el escaso número de animales, la baja diversidad genética, la pérdida no natural de ejemplares, la fragmentación de su hábitat y los conflictos con humanos.

    Según el último estudio de población, correspondiente a 2015, las cuatro comunidades de la cordillera Cantábrica (Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León) contabilizaron un total de 40 osas (34 en la zona occidental y 6 en la oriental) con 64 crías (55 en el occidente y 9 en el oriente), una vez finalizado el censo que los gobiernos de estas autonomías elaboran anualmente.

    De estas cifras globales, 27 osas y 42 crías se hallan en la zona occidental de Asturias y 7 osas y 13 crías en la de Castilla y León. En la zona oriental están censadas 5 osas y 8 crías, en Castilla y León, y una osa y una cría en Cantabria.

    En 2015 se contabilizaron 6 osas más y 3 crías menos que en 2014. Del análisis del periodo comprendido entre 2000 y 2015 se desprende la consolidación e incremento de la subpoblación occidental y un escenario demográfico más incipiente en la oriental, con un ligero aumento.

    La FOP es una organización no gubernamental que cuenta con una amplia y reconocida experiencia en el desarrollo de proyectos y actuaciones de conservación del oso pardo y de su hábitat, así como con profesionales de reconocida experiencia en el desarrollo de actuaciones de conservación de esta especie.

     

    Consejo Social de la Universidad

    También se ha aprobado el decreto por el que se confirma la continuidad de Ladislao de Arriba Azcona como presidente del Consejo Social de la Universidad de Oviedo, cargo que desempeña desde 2012.

    Nacido en Oviedo en 1951, Ladislao de Arriba Azcona inició su carrera profesional como periodista en los servicios informativos de Radio Nacional de España y posteriormente se encargó de la edición y presentación de la primera edición del Telediario de TVE y del espacio 300 millones. Conocido también por su trayectoria empresarial, actualmente preside la Fundación Azcona, entidad sin ánimo de lucro que ha patrocinado y publicado los catálogos razonados de grandes figuras del arte contemporáneo español.

     

    Prórroga de la gestión de cien plazas residenciales

    El Principado ha dado luz verde un gasto plurianual de 1.384.356 euros para prorrogar durante 24 meses el contrato de gestión de la residencia Villamil-Serantes, concertada con la entidad Mensajeros de la Paz. La instalación, que dispone de cien plazas para mayores, es una de las ocho residencias públicas de gestión indirecta en el Principado, con capacidad para 328 personas.

     

    Reparación de un hundimiento de una carretera de Las Regueras

    El Consejo de Gobierno ha sido informado de la contratación, con carácter de emergencia, de las obras de reparación de un hundimiento registrado en la carretera RE-1, entre las localidades de Las Cruces y Cogollo, en el concejo de Las Regueras, como consecuencia de la saturación de agua del terreno por la lluvia.

    Los trabajos, presupuestados en 64.852 euros, consisten en la construcción de una escollera de sostenimiento cimentada mediante una red de carriles metálicos y en la restitución del firme, que quedó arruinado por el deslizamiento de la ladera. Las obras para restituir el tráfico, ahora limitado, en condiciones de seguridad, comenzaron la semana pasada y está previsto que culminen a principios de marzo.

     

     

  3. 8 de febrero de 2017
    Acuerdos del Consejo de Gobierno: 08/02/2017

     

       - Más de 50.000 personas participan cada año en las actividades de los 50 ayuntamientos que desarrollan acciones de prevención del consumo de sustancias tóxicas

       - El tercer programa de FP dual incrementa la estancia del alumnado en los centros de trabajo desde 380 hasta las 1.000 horas
        - El Principado instalará el consultorio sanitario de Campo de Caso en la antigua casa del médico, cedida por el consistorio

    El Consejo de Gobierno ha acordado hoy destinar 857.000 euros a financiar dos importantes estrategias de la Consejería de Sanidad relacionadas con la promoción de la salud y la protección de los derechos de los usuarios: los planes municipales de drogas y las oficinas de información al consumidor.

    Los planes municipales de drogas, cuya convocatoria de subvenciones está dotada con 755.000 euros, constituyen uno de los instrumentos fundamentales de prevención y reducción de daños relacionados con el consumo abusivo de sustancias tóxicas.

    Cada año, unos 50 ayuntamientos optan a estas ayudas, que les permiten organizar unas 900 actividades, en colaboración con la Dirección General de Salud Pública, en las que toman parte más de 50.000 personas. Así, se llevan a cabo alrededor de 70 iniciativas genéricas de prevención dirigidas a toda la población, unos 150 programas para el ámbito escolar, 300 actividades en centros educativos, medio centenar de cursos de orientación familiar y cerca de 300 acciones de ocio alternativo.

    Los planes plantean medidas de prevención y promoción de la salud, además del trabajo con familias y menores en riesgo, y el mantenimiento de recursos orientados a la reducción del daño causado por el consumo abusivo de sustancias. Por estos recursos pasan anualmente más de 8.000 personas. En su mayoría, a través de las unidades móviles de reducción del daño y centros de emergencia social, que atienden cada año a unos 6.400 usuarios. Otros 2.000 reciben asistencia en centros de día, centros de desintoxicación, pisos y comunidades terapéuticas.

    Todas estas actividades generan unos 150 puestos de trabajo directos, fundamentalmente en organizaciones no gubernamentales, asociaciones sin ánimo de lucro y empresas del tercer sector que desarrollan su labor en el campo de las adicciones, además de otros 50 empleos en los ayuntamientos que impulsan estos planes.

    Por otra parte, el Gobierno apoyará con 102.000 euros los proyectos que realizan las entidades locales en materia de consumo. Por ejemplo, actividades dirigidas al asesoramiento e información de los ciudadanos, tramitación de denuncias y actuaciones inspectoras relacionadas con el control de seguridad de productos y servicios. También financiará necesidades de personal, equipamiento, funcionamiento y, en general, cualquier acción que contribuya a promover la protección de los consumidores y usuarios.

    Actualmente, 18 entidades locales han asumido estas competencias mediante la aprobación de la correspondiente ordenanza de consumo y la creación de una oficina municipal de información al consumidor (OMIC). Se trata de los ayuntamientos de Avilés, Cangas de Onís, Castrillón, Corvera, Gijón, Grado, Lena, Mieres, Nava, Oviedo, Pravia, Ribadesella, Siero, Tineo, Valdés, Vegadeo y las mancomunidades de Cabo Peñas y Valle del Nalón.

     

    Apuesta por la Formación Profesional

    El Principado suscribirá un convenio de colaboración con las empresas que acojan a alumnado de Formación Profesional dual del sistema educativo. El convenio estará vigente durante el actual curso académico y el próximo.

    La FP dual exige que las horas del alumnado en la empresa supongan, al menos, el 33% del total del ciclo formativo. El tercer programa impulsado por la Consejería de Educación ha permitido incrementar la estancia de los estudiantes en los centros de trabajo desde 380 a 800 horas, en algunos casos, y hasta 1.000, en otros, con lo que se mejora sustancialmente su cualificación y empleabilidad.

    Asturias ha optado por un modelo en el que los alumnos tienen contacto continuado con la empresa desde que finalizan el primer curso hasta que culminan sus estudios. Esta opción permite que, al titularse, hayan acumulado 1.620 horas de formación teórico-práctica en los centros educativos y 1.000 en los de trabajo, lo que favorece un buen nivel de cualificación profesional inicial.

    El alumnado desarrolla las actividades formativas programadas en las instalaciones, locales o centros de trabajo de las empresas, sin que esto implique relación laboral alguna entre ambas partes.

    El interés por este tipo de enseñanzas queda patente en la evolución de las cifras registradas en los últimos años. Así, del primer programa de FP dual del sistema educativo, que se puso en marcha en 2012, se beneficiaron 109 alumnos de 6 centros, mientras que en el tercero (2016-2018) han participado 265 estudiantes de 28 centros que están realizando su formación en 169 empresas. En esta ocasión, se ha abierto la participación a todos los centros que imparten ciclos formativos de grado medio y superior en la modalidad presencial, cuando en los dos primeros programas se limitaba únicamente a los centros integrados.

    La consejería trabaja ya en la definición del cuatro programa, con el que se espera potenciar esta vía de formación para llegar a más alumnos e implicar a un mayor número de empresas y centros educativos.

     

    Cambio de ubicación del consultorio médico de Campo de Caso

    El Ejecutivo ha aceptado la cesión de uso del edificio y la parcela en la que se ubica la antigua casa del médico de Campo de Caso, para la reubicación del consultorio sanitario.

    Actualmente, la atención se presta en un inmueble que carece de espacio para adecuar una estancia para el personal sanitario durante las guardias. Además, el consultorio se ubica en un promontorio con una pronunciada pendiente, lo que dificulta la llegada de personas con movilidad reducida y también el acceso en automóvil.

    Tras obtener la cesión por parte del Ayuntamiento, la Consejería de Sanidad recuperará la actividad asistencial en la antigua casa del médico, con lo que se mejorará la entrada para peatones y se asegurará la llegada del transporte sanitario hasta la puerta del edificio. Además, en el piso superior se habilitará un espacio para el personal de guardia.

    En la planta baja se instalarán dos consultas, un área administrativa con archivo de historias clínicas, sala de espera, y aseos adaptados. El presupuesto de la actuación, incluida en la ley del crédito extraordinario que se tramita en la Junta General, es de 65.000 euros. Las obras podrían comenzar en el segundo semestre del año.

     

    Prórroga del convenio Orve

    El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la prórroga del convenio con la Administración General del Estado para el uso de la aplicación Orve como mecanismo de acceso al sistema de interconexión de registros. Esta aplicación permite digitalizar el papel que presenta el ciudadano en las oficinas de registro y enviarlo al instante mediante procedimiento electrónico. Orve también permite a las oficinas de registro recibir los asientos registrales que les correspondan.

    La documentación en papel se devuelve al ciudadano, no se custodia ni archiva. Es decir, se elimina el papel en las oficinas de registro, por lo que desde su puesta en marcha, el sistema ha permitido un ahorro postal en el envío de cartas certificadas que ronda los 90.500 euros.

    El 1 de diciembre de 2015, la Administración autonómica comenzó a utilizar Orve como mecanismo de acceso al sistema de interconexión de registros. Desde entonces, se han habilitado nueve oficinas para trabajar con la aplicación: el registro general central y los registros generales de las ocho consejerías. Actualmente están integradas en ella la Administración General del Estado y todas las comunidades autónomas, excepto Navarra, Galicia y País Vasco.

    En el caso de Asturias, también se han adherido 30 ayuntamientos, cuya población representa el 68,04% del total de la comunidad: Allande, Avilés, Boal, Candamo, Cangas del Narcea, Coaña, Corvera, El Franco, Gijón, Grado, Lena, Llanera, Llanes, Morcín, Noreña, Oviedo, Peñamellera Alta, Ponga, Proaza, Ribadesella, Tineo, Villanueva de Oscos, Yernes y Tameza, Riosa, Taramundi, Soto del Barco, Illas, Parres, Castropol y Peñamellera Baja. Además, otros catorce municipios han iniciado los trámites para poder utilizar esta aplicación: Piloña, Amieva, Bimenes, Cangas de Onís, Carreño, Grandas de Salime, Mieres, Nava, Navia, Onís, Pesoz, San Martín de Oscos, Somiedo y Vegadeo.

     

     

  4. 1 de febrero de 2017
    Acuerdos del Consejo de Gobierno: 01/02/2017

       - Los mayores recursos provienen de la décima adicional de déficit asignada a las comunidades autónomas

       - El Ejecutivo da luz verde al proyecto de Ley de Transporte y Movilidad Sostenible, que persigue minimizar costes ambientales y ofrece alternativas al vehículo privado

        - Víctor Manuel Solla Bárcena, nuevo director general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

        - El Principado autoriza tres concentraciones parcelarias en Grandas de Salime, Colunga y Cangas del Narcea

    El Gobierno de Asturias ha aprobado hoy un proyecto de ley de endeudamiento por importe de 22,9 millones, cantidad que corresponde al incremento de déficit autorizado para este año y que permitirá reforzar la inversión y, por tanto, favorecer la actividad económica. El proyecto se enviará hoy mismo a la Junta General para iniciar su tramitación parlamentaria.

    El Principado elaboró sus presupuestos para 2017 considerando un objetivo de déficit del -0,5% del PIB, informado favorablemente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en abril de 2016 y ratificado en octubre en el plan presupuestario. Posteriormente, y tras el nuevo informe favorable del CPFF, el Consejo de Ministros aprobó el 23 de diciembre una nueva propuesta de objetivos para cada una de las comunidades autónomas que situó el déficit de este año en el -0,6% del PIB. Esta diferencia permite a Asturias disponer de más recursos, concretamente 22,9 millones, que se destinarán íntegramente a inversión.

    El proyecto de ley recoge inversiones en infraestructuras sanitarias, educativas y sociales por un importe total de 5,6 millones. También incluye una partida adicional de 195.000 euros para actuaciones en los monumentos prerrománicos y en el Camino de Santiago y 100.000 para el Centro de Música de Candás.

    Otros 7,6 millones se destinarán a carreteras, puertos y redes de abastecimiento y saneamiento, de los que algo más de 5 se dedicarán a la mejora y adecuación de 18 carreteras autonómicas.

    Las mejoras tecnológicas en la Administración contarán con 3.460.000 euros. De esa cantidad, 600.000 euros financiarán la modernización de los sistemas de grabación de las salas judiciales.

    Por otra parte, 2,2 millones se dedicarán a actuaciones de carácter medioambiental, como las ayudas a empresas que emprendan proyectos de economía baja en carbono –dotadas con 1,6 millones-, y 669.800 euros para estudios e instalaciones técnicas medioambientales.

    El texto normativo recoge también las ayudas para autónomos, dotadas con 1,4 millones.

    Las inversiones forestales y agrarias contarán con 1,2 millones y se incrementará en 950.000 euros la dotación para obras de cooperación local, que benefician principalmente a los concejos más pequeños.

    El proyecto de ley constituye un refuerzo importante para los presupuestos generales de Asturias de este año, ya que permite situar la inversión total en 332 millones.

     

    Sistema Asturiano del Ferrocarril

    El Principado también ha dado luz verde al proyecto de Ley de Transportes y Movilidad Sostenible, tras superar los trámites de audiencia e información pública -en los que se recibieron alegaciones de 18 organismos o asociaciones- y pasar por la Comisión Asturiana de Administración Local, el Consejo Económico y Social y el Consejo Consultivo.

    El Ejecutivo considera fundamental dotar de un marco legislativo propio al sector, regulado en estos momentos a través de la normativa estatal y comunitaria, mediante una norma que apuesta por la intermodalidad y la sostenibilidad e incluye todos los medios de transporte.

    El texto, que se enviará de inmediato a la Junta General, diseña un sistema de transporte adaptado a las necesidades de los viajeros habituales, que persigue minimizar costes sociales y medioambientales, y ofrece alternativas al uso del vehículo privado. El propósito es garantizar que todas las personas, particularmente las de movilidad reducida, puedan desplazarse de forma más cómoda.

    Entre sus apuestas destaca la creación del Sistema Asturiano del Ferrocarril, con el objetivo de promover un proyecto integrado e interconectado de modos en el que el tren gane viajeros y mercancías.

    Este nuevo proyecto sustituye al presentado en la legislatura pasada, cuando no pudo culminarse su tramitación parlamentaria. Entre otras novedades, potencia el uso del transporte público en la red de espacios naturales protegidos y la utilización de vehículos bajos en emisiones. También incluye la bicicleta como un modo más de desplazarse.

    Además, sustituye la obligación de que los municipios de más de 20.000 habitantes diseñen planes de movilidad por la necesidad de que los concejos de entre 20.000 y 50.000 vecinos aporten información y propuestas para atender sus necesidades en el plan metropolitano.

    El nuevo texto legal adapta la regulación de los servicios de transporte público regular de viajeros de uso general a las disposiciones del derecho comunitario. Asimismo, toma en consideración todos los sectores implicados en la movilidad, al tiempo que determina las competencias del Gobierno de Asturias y de los concejos en estas materias y vela por una adecuada coordinación administrativa.

    El documento aprobado hoy reconoce que el Plan de Movilidad Sostenible del Área Metropolitana de Asturias (AMA), que se adjudicará este mes, será un instrumento esencial a la hora de planificar las políticas en esta materia. Entre otros aspectos, el plan identificará las infraestructuras y servicios de interés metropolitano, incluirá encuestas de movilidad y será el documento de referencia para guiar la acción pública y privada hacia un modelo alternativo al actual, que prime la intermodalidad, sea más eficiente y respetuoso con el medio ambiente, y aproveche mejor los recursos existentes.

     

    Nombramiento en la Consejería de Empleo, Industria y Turismo

    El Consejo de Gobierno ha nombrado a Víctor Manuel Solla Bárcena director general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en sustitución de Ángel Luis Cabal Cifuentes, que deja el cargo por motivos personales.

    Solla Bárcena (Piedras Blancas, 1958) es ingeniero informático y máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hasta ahora, ejercía de jefe de servicio de sistemas de la información y atención ciudadana en el Ayuntamiento de Avilés. Especialista en gestión pública, ha sido miembro de las comisiones de nuevas tecnologías y de modernización, participación ciudadana y calidad en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

     

    Tres nuevas concentraciones parcelarias

    También se han aprobado los decretos por los que se declaran de utilidad pública, interés social y urgente ejecución las concentraciones parcelarias de Folgosa (Grandas de Salime), Huerres-La Isla (Colunga) y Piedrafita-Jalón (Cangas del Narcea).

    Para la zona de La Folgosa, el decreto aprobado establece 70 áreas como superficie de la unidad mínima de cultivo agrícola y 10 para uso forestal, mientras que la de Huerres-La Isla dispondrá de 50 áreas de unidad mínima de cultivo agrícola y 10 hectáreas para uso forestal. Por su parte, la zona de Piedrafita-Jalón tendrá una superficie mínima de cultivo agrícola de 70 áreas y 10 hectáreas para uso forestal.

    El modelo de concentración conlleva la ordenación territorial del espacio rural y la reorganización de la propiedad para atajar el minifundismo. Esta opción favorece la creación de unidades mínimas de cultivo y la construcción de redes de caminos, imprescindibles para mejorar la competitividad de las explotaciones. Los títulos de propiedad ofrecen, además, seguridad jurídica a los dueños de los terrenos.

     

     

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