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Acuerdos del Consejo de Gobierno: 14/06/2018

  1. 14 de junio de 2018
    Acuerdos del Consejo de Gobierno: 14/06/2018
    El Gobierno de Asturias destina 8,5 millones a favorecer la puesta en marcha de proyectos de innovación e inversión empresarial

       - La convocatoria de ayudas con mayor dotación dedica cuatro millones a la ejecución de iniciativas de I+D

       - Otra partida de tres millones apoyará actuaciones intensivas en capital, tecnología y empleo que incrementen la competitividad de las compañías asturianas

       - El Principado subvenciona con 800.000 euros la contratación de seguros agrarios

       - El Ejecutivo aprueba el pago del complemento de productividad fija para el personal del Servicio de Atención Continuada del Sespa con carácter retroactivo a partir del 1 de enero

    El Consejo de Gobierno ha acordado hoy destinar 8,5 millones, con cargo al presupuesto del Instituto de Desarrollo Económico del Principado (Idepa), a financiar tres convocatorias de subvenciones, dos de ellas para favorecer la ejecución de proyectos de I+D+i y otra para impulsar la inversión empresarial.

    La línea con mayor dotación económica es la de Subvenciones dirigidas a la ejecución de proyectos de I+D que, con una partida de cuatro millones, fomentará proyectos de investigación y desarrollo en el marco de la Estrategia Regional de Especialización Inteligente (RIS3) para mejorar la competitividad de las compañías asturianas. Los proyectos, que podrán ser ejecutados por la propia empresa o subcontratados a un proveedor externo, deberán encuadrarse en la investigación industrial o el desarrollo experimental. Los gastos subvencionables son los relativos a activos fijos, personal técnico, materiales, colaboraciones externas y adquisición de patentes.

    La segunda convocatoria, Ejecución de proyectos de I+D+i diferenciales o tractores, cuenta una dotación de 1,5 millones e impulsará iniciativas de investigación industrial, desarrollo experimental e innovación, también en el marco de la RIS3, en cooperación empresarial. Las actuaciones deberán desarrollarse por un mínimo de tres empresas -de las que al menos una debe ser tractora y otra pyme- y han de contar con la participación de algún ente público de investigación o centro tecnológico. Los costes subvencionables son los activos fijos, los gastos de personal técnico, la adquisición de materias primas, las colaboraciones externas, las patentes, la protección de la propiedad industrial y las labores de auditoría.

    Por último, la convocatoria Proyectos de inversión empresarial cuenta con tres millones y apoyará la inversión productiva a través de actuaciones intensivas en capital, tecnología y empleo. También respaldará aquellos procedimientos que permitan incrementar la competitividad y productividad de las firmas asturianas, dotándolas de herramientas para garantizar que puedan operar con éxito en diferentes mercados.

    Esta convocatoria se dirige a pymes -para cualquier forma de inversión inicial- y a grandes empresas –para una inversión inicial destinada a una nueva actividad económica-, que lleven a cabo sus proyectos en el Principado. Los gastos subvencionables serán los relativos a activos materiales (terrenos y urbanización, edificios, instalaciones, maquinaria y equipos) e inmateriales (patentes, licencias, conocimientos técnicos u otros derechos de propiedad intelectual, etc.).

    A través de estas tres convocatorias, el Idepa apoyó en 2017 la puesta en marcha de 104 proyectos, que generaron una inversión cercana a los 48 millones, con una subvención concedida de 11,1 millones. Los tres programas de ayudas podrán ser cofinanciados por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

     

    Apoyo al Centro Europeo de Empresas e Innovación

    El Ejecutivo ha autorizado una subvención de 700.000 euros, también con cargo al presupuesto del Idepa, para el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI). Estos fondos cubren los gastos de personal y funcionamiento de la entidad, que desarrolla junto con el Idepa los principales programas de apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras y de base tecnológica.

    El CEEI atendió en 2017 a 268 nuevos emprendedores y facilitó la puesta en marcha de 105 iniciativas. También ofreció asesoramiento en 133 proyectos empresariales, lo que favoreció la creación de 30 firmas innovadoras, y apoyó a 270 compañías en crecimiento. Además, alojó a 62 empresas en su incubadora, hasta alcanzar una ocupación media del 86%.

     

    Apoyo para ganaderos y agricultores

    El Gobierno ha autorizado un gasto de 800.000 euros para apoyar este año la suscripción de seguros agrarios por parte de ganaderos y agricultores. Esta cantidad subvencionará parte del coste de las pólizas, ya que el sector sólo puede afrontar la cobertura de sus altos riesgos con la ayuda de las administraciones públicas.

    Los seguros agrarios son un importante instrumento para que los profesionales puedan hacer frente a pérdidas derivadas de fenómenos atmosféricos adversos, accidentes y enfermedades del ganado. Además, constituyen una herramienta esencial para la regulación y profesionalización del sector.

    El acuerdo firmado recientemente con la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) permite que la Consejería de Desarrollo Rural abone directamente a la aseguradora la subvención que corresponda de cada póliza, con lo que facilita los trámites burocráticos a los titulares de las explotaciones. De este modo, el profesional agrario, al suscribir el seguro, únicamente tendrá que pagar la parte de la prima carente de apoyo financiero. La subvención se completa con la aportación de Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa).

    Las pólizas conllevan la compensación de daños en las explotaciones de acuerdo con módulos establecidos, previa valoración profesional por parte de peritos. Este método elimina la incertidumbre y asegura el cobro inmediato sin alargar la tramitación administrativa. La media de contratación de seguros agrarios en Asturias en los últimos cuatro años fue de 21.491, con un capital asegurado de 266 millones que corresponden a 688.320 animales, 1.772 hectáreas de terreno y 67.000 toneladas de producción.

    El Principado ha dedicado 3,7 millones en los últimos cuatro años a subvencionar estas pólizas: 762.303 euros en 2014, 875.527 en 2015, 997.422 en 2016 y 1.124.848 en 2017.

     

    Equiparación retributiva en los servicios sanitarios

    El Ejecutivo autonómico ha aprobado la equiparación del personal médico y de enfermería del Servicio de Atención Continuada (SAC) con la plantilla de los servicios de urgencias de atención primaria (SUAP) y de asistencia médica urgente (SAMU) del Servicio de Salud del Principado (Sespa) en lo que se refiere a la percepción del complemento de productividad fija.

    Esta decisión supondrá, en la práctica, equiparar todas las retribuciones del personal del SAC a las del SUAP y el SAMU, con la única excepción de aquellas vinculadas a la forma de prestación del servicio, dada la disparidad de criterios organizativos entre ellos.

    El pago del complemento de productividad fija a la plantilla del SAC conlleva un gasto anual de 768.234 euros. En concreto, el personal médico percibirá 223,45 euros mensuales más y el de enfermería, 178,03. La medida se aplicará de manera retroactiva, con efecto a partir del 1 de enero de este año.

     

    117.300 euros para el refuerzo de dos juzgados

    El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 117.300 euros destinado al refuerzo de la plantilla del juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Gijón, mediante la incorporación de dos trabajadores a partir del 1 de julio, y a la prórroga del contrato de seis empleados públicos en situación de interinidad que prestan servicio en el Juzgado de Instrucción número 6 de Oviedo, especializado en cláusulas suelo.

    La designación de dos profesionales en las categorías de gestión y tramitación procesal para el juzgado de violencia sobre la mujer de Gijón responde a la necesidad de reforzar la plantilla de este órgano ante el incremento de su carga de trabajo. En 2017, ingresaron en este juzgado 1.158 asuntos y se resolvieron 1.104 procedimientos, cifras que duplican las del órgano especializado de Oviedo. Por este motivo, desde el 1 de julio la plantilla pasará a estar integrada por nueve personas: tres de gestión procesal, cuatro de tramitación y dos de auxilio judicial.

    También se prorrogará el contrato a seis interinos que prestan servicio en el juzgado especializado en cláusulas suelo de Oviedo. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, en apenas 12 meses este órgano ingresó 4.800 asuntos y resolvió cerca de 2.700, lo que supone una tasa de resolución media del 55,7%, muy superior al 14,3% del conjunto de la Administración de Justicia en España. Además, hasta el primer trimestre de este año acumulaba 2.374 sentencias dictadas.

    Desde la puesta en marcha de los juzgados especializados en cláusulas suelo, el 1 de junio de 2017, el Principado ha desarrollado un plan de actuación con medidas de refuerzo consensuadas con el Tribunal Superior de Justicia que han consistido en la prolongación de jornada de los nueve empleados públicos de este órgano y de dos funcionarios del decanato de Oviedo. También se ha ampliado la plantilla en dos ocasiones: en junio de 2017 y en febrero de este año, con el nombramiento de seis interinos cuyos contratos se renovarán ahora.

     

    Prórroga del contrato de 78 plazas concertadas para mayores

    El Principado destinará 2.545.358 euros a la prórroga del contrato de 78 plazas residenciales concertadas para personas mayores en cuatro centros privados de Gijón, Carreño y Nava por un plazo de 24 meses.

    El organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) gestiona 5.513 plazas, de las que 3.392 son públicas y 2.121 concertadas (incluidas 190 psicogeriátricas). En esta legislatura se han creado 538: 324 públicas autonómicas y 214 concertadas (24 en residencias municipales y 190 en centros privados).

     

    Cátedra Asturias Prevención de la Universidad de Oviedo

    El Ejecutivo autonómico ha autorizado un convenio entre el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL) y la Universidad de Oviedo para continuar con la labor de la Cátedra Asturias Prevención que se puso en marcha en 2014.

    Esta cátedra constituye un lugar de encuentro, análisis y debate sobre distintos temas relacionados con la prevención de riesgos laborales. También sirve de apoyo a la formación, la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), la divulgación y la promoción de la salud laboral y la responsabilidad social corporativa.

    Este convenio tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables y estipula que las actividades se concretarán en un plan anual. El acuerdo también recogerá el compromiso de los firmantes de dotar a la cátedra con los medios económicos y humanos suficientes. El primer año, el instituto aportará 50.000 euros.

     

    Cesión de un edificio al Ayuntamiento de Piloña

    El Principado ha aprobado la cesión al Ayuntamiento de Piloña del edificio que albergaba la antigua sede del Centro de Personas Adultas Centro-Oriente, ubicado a las afueras de Infiesto. El inmueble, que cuenta con dos plantas y 252 metros cuadrados de superficie construida, se destinará a equipamiento cultural y social.

     

    Procesos de selección de las empresas y entes del sector público

    El Consejo de Gobierno ha aprobado una modificación de las instrucciones que regulan los procesos de selección de personal de las empresas y entes del sector público autonómico. El cambio introduce la posibilidad de que las empresas y entes puedan acudir, para la cobertura temporal de sus puestos de trabajo, a las listas y bolsas de empleo gestionadas por la Dirección General de la Función Publica.

    La aceptación del puesto será siempre voluntaria por parte del trabajador y su rechazo no supondrá la exclusión de la lista o bolsa que haya sido utilizada para la oferta.

    Las instrucciones se aprobaron a finales de abril de 2016 con el objetivo de contar con unos criterios homogéneos y unificados para el conjunto de empresas y entes del sector público. Entre otras cuestiones, especifican cómo deben llevarse a cabo las convocatorias públicas y regulan la composición y el funcionamiento de los tribunales de selección, así como la publicidad de las propias convocatorias y el funcionamiento de las bolsas de empleo específicas que se generen.

     

     

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