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El suelo es uno de los recursos naturales más sensibles y vulnerables a la contaminación. Se considera un suelo contaminado aquel cuyas características han sido alteradas negativamente, por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso de origen humano, en concentración tal, que comporta un riesgo para la salud humana o el medio ambiente.


La importancia de su protección ya se puso de manifiesto en la Cumbre de Río de 1992, en particular en lo referente a la contaminación originada por acciones o actividades humanas. La Unión Europea, consciente de la importancia de los suelos y la necesidad de frenar su degradación, en su sexto programa de acción en materia de medio ambiente, instó a la elaboración de una estrategia temática sobre la protección de los suelos.

 

La Estrategia Temática para la Protección del Suelo se presentó en el año 2006 junto con la propuesta de Directiva Marco para la Protección del Suelo, y en ellas se proponen objetivos comunes para prevenir la degradación del suelo, preservar las funciones de éste y rehabilitar los suelos degradados. La propuesta de Directiva prevé, en particular, la definición de las zonas de riesgo por parte de los Estados miembros, la elaboración de inventarios de los terrenos contaminados, así como la rehabilitación de los suelos degradados, conforme a una estrategia nacional que fije las prioridades.


En el ámbito estatal, Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados deroga la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos y mantiene en su título V la regulación de los suelos contaminados, ya que se ha considerado fundamental mantener el régimen jurídico que ya está en vigor, si bien a la luz de la experiencia adquirida se matizan algunas cuestiones como la determinación de los sujetos responsables de la contaminación de los suelos. Asimismo, y con la finalidad de adquirir un mejor conocimiento de la situación de los suelos contaminados se regulan las obligaciones de información a las que quedan sujetos tanto los titulares de las actividades potencialmente contaminantes del suelo como los titulares de los suelos contaminados y se crea el inventario estatal de suelos contaminados.


Determinadas cuestiones se legislan en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados que marcó un hito entre la situación anterior y la actual, en cuanto a las obligaciones del titular del suelo o de la actividad industrial, y establece amplias atribuciones a las administraciones autonómicas. Este Real Decreto regula fundamentalmente tres cuestiones:


• La relación de actividades empresariales e industriales potencialmente contaminantes del suelo.


• Las obligaciones con la Administración de los titulares de actividades potencialmente contaminantes del suelo.


• Los criterios básicos para la determinación de la presencia o ausencia de contaminación del suelo.

 

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